La nueva Ley Regional de Vivienda podría “estar sobre la mesa” durante “el primer tramo” del próximo año para iniciar su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva a lo largo de 2017. Una norma que garantizará como derecho el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo autonómico durante el acto de entrega de llaves de 49 viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra que se ha celebrado en el salón de actos de la Consejería de Fomento en Toledo.
El presidente regional ha detallado asimismo que esta nueva normativa regional servirá para “regular el flujo de promoción de vivienda” en la región y de recoger los nuevos modelos de gestión de la vivienda pública, adaptando así el texto “a los nuevos tiempos”.
Al hilo de estas declaraciones, el presidente regional ha lamentado el abandono al que se han visto sometidas durante los últimos 4 años un total 500 viviendas públicas “prácticamente acabadas” que podrían haber servido a las personas con mayores necesidades.
En esta misma línea, el presidente del Ejecutivo autonómico se ha referido al Hospital General Universitario de Toledo cuyas obras siguen adelante en el barrio de Santa María de Benquerencia, zona residencial de la capital regional en donde también se ubican las 49 viviendas, propiedad de la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) cuyas llaves han sido entregadas este viernes.
El presidente de Castilla-La Mancha ha cifrado en unos 22 millones de euros los costes derivados de la “incomprensible” paralización de las obras del centro hospitalario toledano, lo que conllevará que la inversión final alcance los 400 millones de euros.
Con todo, se ha mostrado esperanzado con el impulso que el polígono residencial de Santa María de Benquerencia recibirá tras la puesta en marcha de ese hospital, que será “la principal empresa de Castilla-La Mancha”, con una previsión de más de 3.500 trabajadores y un flujo diario de entre 3.000 y 4.000 usuarios.