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La Plataforma en Defensa de lo Público reivindica la paralización de la aprobación en pleno de la prórroga de la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas y pide que se estudie la remunicipalización del servicio

La plataforma en defensa de lo público reivindica la paralización de la aprobación en el pleno del próximo jueves, de la prórroga de la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas sobre el servicio de recogida de residuos urbanos.
Desde la plataforma entienden que se debería estudiar la remunicipalización del servicio por los beneficios económicos, laborales y sociales que conllevaría. A falta de año y medio para que finalice el contrato con la empresa, dicen no entender “la prisa por aprobar la prórroga y entienden que se debería haber hecho con lo legalmente establecido aplicando el artículo 85 86 de la ley orgánica de municipios para la remunicipalización, y no sólo con la propuesta de la empresa».
Desde el punto de vista económico dice Manuel Clemente que la remunicipalización supondría que sólo con el beneficio empresarial, el Ayuntamiento se ahorraría 250.000 euros. Se remite también Clemente a un informe del Tribunal de Cuentas del 2011 que dice que “los servicios privatizados son un 71% más caros que los públicos y que no revierten en los ciudadanos en unos mejores servicios, por lo que a raíz de estos datos, se demuestra, dice que son elementos suficientes para estudiarlos”.

Por su parte, Paco Fernández denuncia que el Comité de Empresa ha engañado a los trabajadores diciendo que la remunicipalización pondría en peligro su puesto de trabajo. Fernández dice que todos los procesos de remunicipalización han posibilitado que los trabajadores pasen a ser municipales, por lo que dice que los trabajadores deben saber que sus puestos de trabajo y sus derechos están garantizados.
Desde la plataforma, por tanto, apuestan por el proceso de remunicipalización y plantean que se estudie, con garantías, no entienden las prisas con las que se está tratando el tema, así como tampoco entienden que engañen a los trabajadores.

Además ha informado a los ciudadanos de que si la prórroga se firma y si continúa la empresa FCC hasta 2023, habría un aumento de la deuda con fomento de «como poco 3 millones de euros, lo que, dice, sí ocasionaría problemas para los trabajadores municipales, con un nuevo plan de ajuste como lo que ocurrió con el anterior gobierno».

Por último Lola Romera pide que el Ayuntamiento se posicione en si quiere volver a la remunicipalización del servicio, con el ahorro que revertirá en los ciudadanos, o si está con la empresa privada.

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