La portavoz del partido popular de villarrobledo, Amalia Gutiérrez, ha informado esta mañana de lo que afirma es un caso de corrupción política del alcalde, Alberto González y de su equipo de gobierno.
Se basa Gutiérrez, para realizar esta afirmación en la gestión que el ejecutivo local ha realizado en materia de personal y concretamente en lo referente a las causas abiertas en los juzgados que afectan a los 26 trabajadores despedidos en la anterior legislatura y cuyas sentencias ya han comenzado a llegar, en su mayoría declarando estos despidos nulos o improcedentes.
Afirma Amalia Gutiérrez que hace tres años, estando el partido popular en el gobierno se vieron en la obligación de despedir a 26 personas, trabajadores del ayuntamiento que detalla no eran funcionarios para corregir la ruina económica que dice dejo el partido socialista en el ayuntamiento con 52 millones de euros de deuda global, 12 mil de deuda a proveedores y más de 4000 facturas sin pagar, dice, guardadas en los cajones.
En el relato de los hechos, Gutiérrez explica que el primero de los juicios tuvo lugar durante el mandato del partido popular en el que el abogado contratado por el ayuntamiento aporto toda la documentacion, informes y pruebas requeridas, con ello, afirma la portavoz popular, el juez sentencio a favor del ayuntamiento, declarando el despido procedente, sentencia que el trabajador recurrió al tribunal superior de justicia que nuevamente dio la razón al ayuntamiento.
Lo mismo ocurrió en los 4 juicios que hubo posteriormente ya con mandato del partido socialista que afirma Gutiérrez que la primera medida que tomaron al respecto fue nombrar otro abogado para defender al ayuntamiento, abogado que dice no era experto en derecho laboral pero que en estos nuevos 4 juicios aportó la documentación necesaria por lo que de nuevo los jueces dieron la razón al ayuntamiento declarando los despidos procedentes y ajustados a la ley.
Según Amalia Gutierrez esta situación supone una dejación de funciones por parte del gobierno municipal que dice, beneficia a la mujer del concejal Juan Luis Íñiguez y que perjudica al ayuntamiento ya que este proceso y la consiguiente readmisión de los trabajadores que han ganado los juicios costara al ayuntamiento,según Gutiérrez, la cifra de 1 millón y medio de euros.
La portavoz dice no entender que aun estando los informes en el expediente del ayuntamiento el abogado no los aportara en el juicio y se pregunta quien dio la orden para que no lo hiciera.
En este sentido, dice Gutiérrez que el alcalde parece ser que esta utilizando el dinero publico para defender los intereses de uno de sus concejales y a los afiliados socialistas.
Dice la portavoz que los concejales y el alcalde de una localidad deben velar por los intereses del ayuntamiento y de los ciudadanos en su conjunto y que con los hechos explicados, según los cuales no se habrían presentado las pruebas pertinentes en los juicios de los despidos, dice Amalia Gutiérrez se ha incurrido en dejación de funciones que afirma, esta tipificado como delito contra la administración publica.
Dice Gutiérrez que el alcalde miente cuando dice que los despidos fueron por causa de persecución política ya que afirma que se realizaron respetando escrupulosamente la ley con criterios objetivos como el de la antigüedad como así lo ratifican los jueces en las sentencias. Dice que también miente el alcalde cuando dice que se despidió a más del 10 por ciento de la plantilla laboral existente en el ayuntamiento en esa época.
En conclusión, afirma Amalia Gutiérrez que las sentencias confirman que los despidos nos fueron políticos, que no se incumplió la ley ya que no se superó el 10 por ciento respecto a la plantilla total del ayuntamiento, que alguien dio la orden para que en el juicio de la mujer del concejal Juan Luis Íñiguez no se aportara la documentación necesaria, como si se había hecho en juicios anteriores y por ultimo, dice Gutiérrez que la persona que diera esa orden ha podido cometer un posible delito contra la administración publica por lo que pide la dimisión inmediata de estas personas.
Desde el partido popular se esta estudiando la situación de cara a la posibilidad de emprender acciones legales al respecto.