La concejala socialista Helena Castellanos ha denunciado lo que afirma que es “una situación que el equipo de gobierno del Partido Popular no ha sabido solucionar”, en relación al proceso de admisión de las Escuelas Infantiles Municipales. Una situación que afirma que es “fruto de la falta de planificación, de transparencia y de una actuación de «correprisas».
Para los socialistas, la apertura de dos aulas más en las Escuelas Infantiles de Villarrobledo, es insuficiente porque afirma Castellanos que no soluciona el problema de todas las familias afectadas, sino solo el de las familias con niños de 0 a 1 año. Como consecuencia, 30 niños y niñas siguen sin plaza debido dice “a la incompetencia y a la nefasta gestión del equipo de gobierno del Partido Popular”.
Añade que dicha medida fue presentada por el alcalde Valentín Bueno como si de un triunfo se tratara, alegando que era el fruto de un trabajo de dos meses por parte de su equipo de Gobierno. Desde el grupo municipal socialista han agradecido a las madres y padres — pero especialmente a las madres— de los niños que se quedaron sin plaza, ya que gracias a la presión ejercida sobre el equipo de Gobierno se abrieron esas aulas ya que insiste en que fueron ellas las que lucharon desde el minuto uno, quedando patente en pleno, “la mala y desastrosa gestión del equipo de gobierno del Partido Popular con un proceso lleno de irregularidades”.
Un pleno que Helena Castellanos califica de “bochornoso” en el que la concejala de Educación echó balones fuera, responsabilizando únicamente a la Junta de Comunidades de no resolver una situación de la que, afirma que, el único responsable es el equipo de gobierno del Partido Popular, ya que las escuelas infantiles son municipales y, por tanto, también lo es su gestión.
Un pleno en el que se escucharon declaraciones por parte de la concejala de educación, como que la educación en las escuelas infantiles es un gasto que le cuesta al pueblo de Villarrobledo un millón de euros, dinero que, según afirmó, se podría invertir en mejorar el pueblo. En esa misma sesión, la concejala admitió irregularidades en el proceso, como la inexistencia de un baremo y el no respetar los periodos de reclamación.
Estas familias recogieron firmas, hablaron con la Junta y se reunieron con la concejala de Educación y con el alcalde Valentín Bueno, quienes no les dieron ninguna solución ni respuesta, limitándose una vez más a tirar balones fuera y a echar la culpa a la Junta.
Castellanos afirma que si esas madres no se hubiesen movilizado, el Partido Popular no habría movido ni un dedo, indicando que el Partido Popular ha sido oportunista en este asunto, aprovechándose dice, y menospreciando el esfuerzo, las reivindicaciones y la lucha de esas madres, ya que en ningún momento se les ha mencionado.
Según la responsable socialista, el alcalde Valentín Bueno mentía al afirmar que habían estado trabajando en este asunto durante los últimos dos meses, porque hacía dos meses ya habían declarado que no podían abrir ningún aula más, que era culpa de la Junta y que no podían hacer nada.
La Junta, por su parte, ya ha iniciado un programa para hacer gratuita la educación de 2 a 3 años en las escuelas infantiles de la región, programa que llegará a Villarrobledo en el curso 2026/2027, con una financiación de 35.000 euros para cada aula de 2 a 3 años.
El Partido Popular habla de las 5 escuelas infantiles con las que cuenta Villarrobledo, algo que Castellanos afirma que ha sido posible gracias a la gestión y el trabajo de gobiernos socialistas quienes dice que sí creen en la educación pública y universal mientras que recuerda que el gobierno del Partido Popular, durante su mandato, cerró y destruyó la escuela infantil Lucas Blázquez y dejó, año tras año, a niños y niñas sin plaza al no abrir todas las aulas habilitadas.
Desde el grupo municipal socialista se ha exigido al equipo de Gobierno de Valentín Bueno y a la concejala de Educación, Cristina García, que se abran todas las aulas habilitadas para que todos los niños y niñas de la ciudad tengan derecho a esa educación de 0 a 3 años; para que sus madres puedan conciliar familia y trabajo, ejerciendo su derecho a poder buscar un empleo y a no tener que renunciar a su trabajo y para que la gestión de la educación pública y municipal sea una prioridad.