La Audiencia Provincial Albacete a través de un auto judicial decide la reapertura del denominado “Caso Zahorras” que en su momento archivara el Juzgado de Villarrobledo tras la denuncia realizada por el Equipo de Gobierno.
Así lo ha dado a conocer hoy el Concejal de Hacienda, Juan Luis Íñiguez, quien informa que tras el sobreseimiento “provisional” del caso por parte del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, el Gobierno recurrió a la Audiencia Provincial que finalmente ha considerado, según el concejal, que dicho sobreseimiento era “evidentemente prematuro”.
La Audiencia reabre, por tanto el procedimiento judicial sobre este caso exigiendo al Juzgado de Villarrobledo nuevas diligencias de investigación sobre determinadas cuestiones que dice el Concejal “están sin esclarecer”.
Se trata, dice Juan Luis Íñiguez, de un asunto muy grave ya que gira en torno a una “importantísima cantidad de dinero” en la ejecución de la obra de “reparación de caminos asfaltados del año 2012”. Una “auténtica chapuza”, según el Concejal de Hacienda, que explica que con un importe de 430.000 euros se proyectó el arreglo de 25km de caminos que en lugar de mejorarse se estropearon.
Por tanto sin intención dice, de prejuzgar ni al anterior alcalde, Valentín Bueno ni a la concejal Popular, Amalia Gutiérrez, en aquello momento responsable de estas obras, se ha solicitado en el recurso que la Audiencia ha estimado, la investigación sobre el hecho de que para proyecto que contemplaba la actuación en 50 km lineales de caminos, 25km por margen, se otorgase una plazo de ejecución de 21 días.
Otro asunto a esclarecer es que tras el encargo por parte del actual Gobierno de un informe pericial para conocer “in situ” las diferencias entre la obra certificada y pagada y lo realmente ejecutado, dicho informe detectara que de los 430.000 euros destinados al proyecto, 114.000 euros estuvieran pagados pero no ejecutados sobre el terreno.
Se solicita también la investigación sobre el alquiler de equipos por parte del Ayuntamiento para la realización de estas obras cuya factura se realiza a fecha de 30 de diciembre cuando, según explica el concejal, las obras tenían fecha de finalización el 31 de diciembre.
Una “contradicción evidente” dice, que se suma a que la factura de compra de un rodillo compactador ascendiera únicamente a 242 euros.
Añade el concejal además que se tuvo conocimiento de que la zahorra necesaria para la realización de la obra en lugar de estar “echada en los caminos”, se encontraba en la cantera de origen con un proceso judicial iniciado por Valentín Bueno para la recuperación de 5.400 toneladas de zahorras, con un importe de 48.000 euros.
Un coste de 48.000 euros por las zahorras adquiridas mediante un procedimiento supuestamente ilegal, según el concejal, ya que Valentín Bueno realizó la compra de estas zahorras en tres lotes distintos, presumiblemente con la intención de evitar un concurso de concurrencia pública de otras empresas, siendo que finalmente estas tres facturas pertenecían a la misma empresa adjudicataria de las obras, pagadas mediante tres resoluciones de alcadía.
Se debe investigar también la “cesión supuestamente ilegal” de créditos a los trabajadores de la empresa encargada de las obras cuando sobre la misma existía una orden de embargo de estos créditos y que se abonaron, dice saltándose dicho embargo, suponiendo finalmente la reclamación por parte del embargante y provocando que dichos créditos por importe de 110.000 euros fueran pagados dos veces.
Con todo ello, Juan Luis Íñiguez ha señalado que la Audiencia Provincial ha enmendado la resolución del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, apuntando que no procede el sobreseimiento sino la investigación en profundidad de las incógnitas expuestas y que suponen, según el concejal, ”un despropósito” que podría suponer incurrir en os delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Recuerda que el Proyecto de arreglo de caminos 2012 se encontraba dentro del Programa Habitania que estaba dotado en su conjunto con 3 millones de euros de los que cerca de medio millón se destinaron a las obras de caminos que dice que no fueron reparados.
Confían desde el Gobierno Local en que el Juzgado de Villarrobledo al que la Audiencia ha encargado todas estas diligencias de investigación agilice y llegue al final del asunto y que finalmente se esclarezca donde están los 114.000 euros que el informe pericial señala que fueron pagados pero no ejecutados.