La Diputación de Albacete ha resuelto la concesión de las ayudas correspondientes a la novedosa convocatoria de Vivienda Municipal 2026, una herramienta estratégica impulsada por el Gobierno Provincial de Cabañero para dinamizar el medio rural y facilitar alternativas habitacionales. Con un presupuesto total de 1.000.000 de euros adjudicados, esta iniciativa beneficiará directamente a 39 localidades de la provincia de menos de 2.000 habitantes.
Esta medida se enmarca dentro de la visión profundamente social que guía al equipo de Gobierno, recordando que el acceso a un hogar es el pilar del artículo 47 de la Constitución Española, partiendo de la premisa de que la vivienda no sólo tiene que ser un bien con el que comerciar o hacer negocio; antes de todo eso, es un derecho esencial para que cada persona pueda desarrollar su vida en libertad..
Recuperación del patrimonio y nuevas oportunidades
La resolución detalla el profundo impacto que tendrán estos fondos en el territorio, con subvenciones que, en una inmensa mayoría de los consistorios, alcanzan los 28.500 euros. Una diversidad en los proyectos aprobados que demuestra la capacidad de adaptación de la medida a las necesidades de cada pueblo.
Destaca una clara apuesta por la optimización del patrimonio municipal en desuso. Gracias a estos fondos, se financiará la rehabilitación de antiguas casas de maestros en municipios como Letur, Aýna y Paterna del Madera.
Del mismo modo, se acondicionarán las viejas casas del médico en Peñascosa y Povedilla, y se recuperará la antigua vivienda del agente forestal en Riópar.
La convocatoria también financia medidas expansivas, como la adquisición de solares para construir nuevas viviendas en San Pedro, Abengibre o Lezuza, e incluso actuaciones drásticas como el derribo de inmuebles en estado ruinoso para disponer de suelo destinado a vivienda social, como acometerá el Ayuntamiento de Villapalacios.
Una «mirada rural» frente a la despoblación de los cascos históricos
Esta resolución viene a cristalizar el compromiso del Gobierno de la Diputación por incorporar «una mirada rural al problema de la vivienda», compensando unas estrategias estatales que a menudo se centran de forma exclusiva en las grandes urbes.
Como analizaba en su presentación el vicepresidente provincial, Fan Valera, la inversión permite atacar una problemática doble en el territorio: por un lado, frena el deterioro de las viviendas vacías o abandonadas en los cascos históricos de los pueblos; y por otro, evita a los ayuntamientos los altos costes y problemas urbanísticos que supone seguir expandiendo sus calles o creando nuevas urbanizaciones mientras el centro de los municipios pierde habitantes.
Y es que tan importante es generar más oportunidades de vivienda como dar solución a esas viviendas que pueden suponer un problema para las familias, para los ayuntamientos y para los vecinos colindantes.
Agilidad administrativa y un firme retorno social
Para garantizar el éxito de las obras y apoyar financieramente a las entidades locales, la Diputación ha dispuesto el pago anticipado del 100% del importe concedido a todos los ayuntamientos beneficiarios, dotándoles de liquidez inmediata.
A cambio de este esfuerzo inversor, el Gobierno provincial pide un compromiso social innegociable a los ayuntamientos: las administraciones locales tendrán un plazo máximo de cinco años para acreditar que estas viviendas o solares se han puesto a disposición de la ciudadanía siguiendo criterios socioeconómicos, asegurando que los fondos públicos se traduzcan en una alternativa habitacional real para quienes más lo necesitan.
