El Sindicato CCOO ha expresado su satisfacción esta mañana por la primera sentencia favorable de las más de 180 demandas interpuestas contra el Ayuntamiento de Villarrobledo por parte de sus trabajadores y trabajadoras. CCOO señala que el Juzgado de lo Social deja claro que la modificación o supresión del complemento de antigüedad que se les ha aplicado es ilegal y condena al Ayuntamiento a reponer las cantidades detraídas en las nóminas más un 10% por intereses.
La secretaria general de la FSC CCOO Albacete, Amelia Valero, ha mostrado el apoyo y el agradecimiento a la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Villarrobledo por el trabajo realizado desde que se aprobó la RPT (Relación de Puesto de Trabajo). Un documento que critica que se aprobó «sin negociar» y que se tradujo dice, en la merma de los derechos salariales del personal, concretamente en el complemento de antigüedad. Valero ha indicado que fruto de ese trabajo y de las asambleas informativas se logró que 180 trabajadores y trabajadoras demandaran al Ayuntamiento.
El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha explicado que de las 180 demandas, 140 han sido puestas por CCOO y el resto por los otros sindicatos, lo que representa casi la práctica totalidad de la plantilla municipal. Ha recordado que el conflicto se remonta a julio de 2022, cuando el Pleno del Ayuntamiento, con los únicos votos de PP y Ciudadanos, que eran quienes gobernaban, aprobó una RPT «sin negociar y con la oposición de sindicatos y partidos políticos».
Gómez añade que “las consecuencias negativas de esa RPT ya se veían venir desde el principio» y apunta que pese a que, según afirma, siempre se ha tendido la mano para el diálogo, la cerrazón del equipo de gobierno obligó a judicializar el conflicto, consiguiendo dice, crear en el Ayuntamiento «un desastre laboral, económico y jurídico”.
Las sentencias conocidas ayer afectan a 18 personas de los tres juicios que tuvieron lugar el 23 de septiembre y en ellas se reconoce que la aplicación de la RPT vulnera los derechos de las personas trabajadoras porque la reducción del complemento de antigüedad que han sufrido es una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.
A este respecto, la secretaria general de FSC CCOO CLM, Carmen Juste, ha precisado que una RPT no puede regular los complementos que afectan a la persona, como es el caso del complemento de antigüedad, que viene recogido en el convenio colectivo. Y por tanto incide en que “una norma inferior como es la RPT no puede cargarse algo recogido en el convenio colectivo que es una norma superior”.
Carmen Juste ha añadido que “con la RPT se pretendía regular los complementos para que a igual trabajo se cobre el mismo salario, pero eso no tiene nada que ver con el complementeo de antigüedad porque no es lo mismo una persona que lleva tres años que otra que lleve 25”.
Por lo tanto, en CCOO entienden que se ha cometido una gran injusticia, que además va a costar mucho dinero a los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo, exigiendo que se asuman responsabilidades, no sólo por los políticos sino también por los puestos técnicos, como son el secretario, el interventor y jefe de recursos humanos, porque las decisiones políticas se sustentan en los informes que realizan.
Refiriéndose a lo que en términos económicos va a suponer esta sentencia, Paco Gómez ha señalado que las personas han dejado de percibir en torno a 300 euros, cantidad que si se multiplica por 14 meses y por todos los trabajadores y trabajadoras, al Ayuntamiento le podría costar más de 750.000 euros, y si se suman los intereses y las cotizaciones sociales la cifra ascendería a más de un millón de euros por año.
Por último, la presidenta del Comité de Empresa en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Maite Pacheco, ha incidido en que después de un periplo de tres años intentando negociar y de advertencias de que estaban cometiendo una ilegalidad, esta sentencia viene a hacer justicia. Maite Pacheco ha concluido pidiendo al Ayuntamiento que no recurra la sentencia porque supondría alargar el proceso un año más, acumular más intereses y tener que pagar más, lo que supondría un detrimento de los servicios municipales