El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la convocatoria “urgente”, incluso en los próximos días, del Consejo de Política Fiscal y ha exigido un modelo de financiación que garantice el principio de igualdad, en el que la ciudadanía tenga acceso a los servicios públicos con el “mismo nivel de calidad”, independientemente de su capacidad económica, y de la del territorio en que resida.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha informado de la postura del Ejecutivo autonómico en relación con la reunión bilateral que este lunes han mantenido el Gobierno central y la Generalitat, sobre la financiación singular para Cataluña.
Manteniendo esta línea, el consejero ha manifestado el “rechazo” del Gobierno de Castilla-La Mancha a este acuerdo bilateral, ya que afirma que es un acuerdo que defiende que “quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos” y que, en España con este modelo, habría dos velocidades, “la de las comunidades autónomas más ricas y de las menos ricas”.
Se trata, según ha relatado, de “un despropósito” que sólo supone privilegios para Cataluña en detrimento del Estado español y del resto de las comunidades autónomas, y que supone “trocear la riqueza del país”, que, en lugar de estar al servicio del interés general, va a estar al servicio de unos pocos.
Un documento “ambiguo”
En este mismo contexto, Ruiz Molina ha entrado a valorar el documento resultante de la reunión, conocido dice, “a través de los medios de comunicación”. Un documento que según ha indicado es “ambiguo”, que pone de manifiesto que “el modelo de financiación para Cataluña no deja de ser un concierto catalán”, muy similar al del País Vasco y Navarra, pero con algunos matices.
Así, Cataluña recaudaría todos los impuestos, independientemente de que se haga “de forma troceada o de una sola vez”; y como se recoge en el documento, esta comunidad pagaría al Estado una parte en función de las competencias que éste ejerce en Cataluña; y como novedad, con respecto al cupo vasco y navarro, la comunidad catalana aportaría al sistema lo que se denomina una mal llamada “cuota de solidaridad”, limitada en el tiempo, y sujeta al “principio de ordinalidad”.
Un modelo extrapolable al resto de comunidades autónomas
Y otra de las novedades que se extrae del texto, es que, al hablar de financiación singular para Cataluña, se dice que es “extrapolable al resto de comunidades autónomas”. Es decir, que según Ruiz Molina, en una reunión bilateral en la que solo participa una región, se está definiendo el sistema de financiación del resto de regiones de régimen común.
Principio de ordinalidad rompe con el principio de igualdad de oportunidades
Ruiz Molina ha basado su argumento, en este sentido, en la cuota de solidaridad y en el principio de ordinalidad. En lo que respecta al primero, ha dicho que del documento se desprende que será Cataluña, u otras comunidades con saldo positivo, quien decida “el cuánto, por cuánto tiempo y en qué condiciones estarían dispuestas a dirigir recursos al resto” de regiones.
Respeto a ese principio de ordinalidad significa que si una comunidad autónoma se sitúa en el primer lugar o en el segundo del ránking nacional, en lo que se refiere a la recaudación tributaria del conjunto de sus residentes, como ocurre en Cataluña o en Madrid, en ese “mismo orden tiene que ser respetado el volumen de recursos que perciban a través del sistema de financiación”.
De este modo, este principio consagra que “aquellas comunidades que acumulan un mayor número de residentes con rentas altas o mayor recaudación tributaria ‘per cápita’ tienen derecho a más financiación” y, por tanto, “si tienen derecho a más financiación estamos defendiendo que sus ciudadanos tienen derecho a unos mejores servicios públicos”.