El Gobierno de Castilla-La Mancha asume actualmente más del 70 por ciento del coste total del sistema de dependencia en la región, sosteniendo la atención a más de 78.000 familias cada año y posicionando a la Comunidad como líder en gestión de dependencia en España.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha recordado que “este compromiso requiere también una corresponsabilidad por parte del Estado, tal y como marca la ley, para que la dependencia sea un derecho sostenible y con futuro”.
Según los últimos datos oficiales, Castilla-La Mancha destina más de 649 millones de euros anuales a mantener el catálogo de prestaciones y servicios que atienden diariamente a miles de personas en situación de dependencia, lo que ha permitido incorporar desde 2015 un total de 277 millones de euros adicionales y mejorar la financiación del sistema en un 57 por ciento.
Con ello, según señala, se ha conseguido reducir los tiempos de espera a la mitad de la media nacional, siendo una de las comunidades autónomas con mayor cobertura y con uno de los plazos de resolución más bajos del país.
La titular de Bienestar Social ha subrayado que, pese a los avances y al incremento de la aportación estatal en los últimos años, “la corresponsabilidad financiera sigue estando lejos del 50 por ciento previsto en la Ley de Dependencia”, por lo que ha reiterado la petición al Gobierno central de “recuperar el espíritu inicial de la norma y garantizar, de forma equitativa, una financiación suficiente que permita seguir ampliando servicios, reducir los tiempos de tramitación y profesionalizar aún más el sector de los cuidados”.
Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional del Observatorio de la Dependencia, situándose como la comunidad autónoma con mayor puntuación en la gestión de este sistema, junto a Castilla y León.
La región destaca por una alta cobertura de personas beneficiarias en relación con su población potencialmente dependiente y por un fuerte despliegue de servicios en zonas rurales, adaptándose al reto demográfico. Además, el sistema de dependencia genera más de 26.000 empleos directos en la región, en su mayoría ocupados por mujeres y con estabilidad laboral, ya que tres de cada cuatro contratos son indefinidos.