El portavoz parlamentario adjunto del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha censurado este jueves la “desidia y la falta de respeto y transparencia a la hora de gestionar” que dice que se desprende del gobierno socialista de Page, tras rendir cuentas ante las Cortes Regionales de los ejercicios presupuestarios de 2016 al 2020 con un retraso de cinco años, quedando además patente que la deuda y el déficit “son las señas de identidad” de este gobierno.
El portavoz ha reseñado que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ha sido “desdeñada y obviada” por el ejecutivo de Page en cuestiones fundamentales, además del incumplimiento de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Todo ello se une, como ha indicado, a la “desastrosa gestión” de los organismos autónomos “que dejan mucho que desear en su funcionamiento y a la hora de rendir cuentas”, como es el caso de Geacam, que ha estado dos años en causa de disolución; la Fundación Impulsa, contratada en plena pandemia; o la propia radio y televisión de Castilla-La Mancha junto a Gicaman.
Y es que, como ha continuado relatando Serrano, “dentro de esa desastrosa gestión” se produce un constante olvido de las recomendaciones que efectúa la Cámara de Cuentas al gobierno de Page en torno a hacer las cosas como marca la ley.
En este punto, Santiago Serrano ha hecho hincapié en las infracciones del ordenamiento jurídico en las que afirma que ha incurrido la administración de Page en forma de adjudicaciones sin que exista contrato o convenio que las respalde, así como las infracciones en forma de fraccionamiento de un contrato, obviando el procedimiento establecido. Añade que entre los años 2016 y 2020 se produjeron un total de 144 expedientes con infracciones por un valor de más de 53,5 millones de euros.
Santiago Serrano se ha referido además a las modificaciones de crédito, que suman un total de 2.675 por un valor de más de 3.513 millones de euros. Así, ha valorado que las modificaciones se efectúan como respuesta a un presupuesto inicial “inservible” para los proyectos e inversiones que quiere acometer el gobierno regional.
Otros asuntos relevantes a los que se ha referido el también diputado autonómico ha sido la falta de existencia y supervisión de las entidades dependientes del gobierno, que no cuentan con un plan de tesorería aprobado; que el Tribunal de Cuentas haya “afeado” que no se remitan a las Cortes los convenios y subvenciones para fiscalizarlas o que se incumplan los plazos de pago y exista morosidad por la administración regional.