El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Orden que va a regular el Concierto Social con el que se desarrolla la Ley del Tercer Sector, para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales de convivencia.
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano durante la rueda de prensa de Consejo de Gobierno, donde ha destacado que este Concierto Social, ya ha sido presentado a las entidades del ámbito de la Infancia en la reunión de la Comisión del Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector del pasado jueves 29 de agosto, “con gran consenso y buena acogida por parte de todas ellas, gracias a cuyas aportaciones ha ido tomando forma la Orden”.
En concreto, la consejera ha detallado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión inicial de 106.740.432 euros con la que se publica la Orden para el período 2024-2029, prorrogable hasta un máximo de 10 años, con el fin de financiar un total de 532 plazas que se distribuyen en función de la tipología de los distintos recursos donde se encuentran. Además, se “trata de un Concierto Social abierto a la revisión en función de los imprevistos que puedan ir surgiendo a lo largo de su período de vigencia”.
De este modo, ha remarcado que “esta Orden unifica los precios de las plazas y las características en los distintos hogares residenciales independientemente de la entidad que los gestione y del recurso en el que se encuentren, garantizando a las niñas, niños y adolescentes tutelados en régimen residencial una atención integral”.
Un total de 532 plazas financiadas en función de la tipología
En concreto son dos tipos de plazas diferenciadas; por un lado, las de acogimiento residencial de menores y, por otro, las referidas al centro de ejecución de la medida judicial de convivencia con grupo educativo.
Esta concertación se publica con el objetivo de que llegue a aquellas entidades privadas de carácter social que tengan la consideración de Tercer Sector que tendrán prioridad en la concertación, así como también a entidades de iniciativa mercantil constituidas por empresas individuales y personas jurídicas privadas, con ánimo de lucro.