El concejal de SPV, Mario de la Ossa señala que desde su grupo municipal en la oposición seguirán en su deber y derecho de fiscalización al Gobierno Municipal, sin ceder a “presiones ni chantaje político”, investigando y denunciando lo que consideran y lo que los ciudadanos les transmiten “que está mal”.
Así se pronunciaba de la Ossa tras explicar que la empresa que hace un año les denunciaba, acusándoles de “vulnerar su honor” ha decidido no seguir adelante con dicha denuncia, tramitada por vía penal a consecuencia de la denuncia previa de SPV en cuanto a la adjudicación del contrato del alumbrado público en Villarrobledo.
El concejal apunta que hace año y medio, SPV registraba una serie de denuncias al entender que el PP “había hecho cosas que no eran todo lo legales que deberían ser” en relación al contrato de alumbrado público, subvencionado por Europa, “costando en una subcontrata 320,000 euros”, adjudicado, según de la Ossa “sin garantías administrativas”.
Algo que SPV hizo público, denunciando ante las instancias oportunas, algo que provocó, que la empresa adjudicataria les denunciara por vía penal “por vulnerar su derecho al honor”, según de la Ossa con el fin de “amedrentarles y asustarles”. Añade que citados a un acto de conciliación se les invitó a retractarse de las acusaciones vertidas, algo que los denunciados, los concejales de SPV, no hicieron, sabiendo ahora que la empresa denunciante ha decidido no continuar con el proceso lo que para el concejal de SPV supone “darles la razón” y que las sospechas “no estaban desencaminadas”, máxime cuando la Oficina Europea contra el Fraude, continúa con la investigación al Ayuntamiento de Villarrobledo.
De la Ossa explica que tras hablar con numerosas empresas del sector en Villarrobledo, saben que a muchas les habría gustado concurrir en un concurso público para ser las encargadas de la mejora del alumbrado público de su ciudad.
Por todo ello, insiste en que seguirán adelante, denunciando todo aquello que consideren que no se hace bien, en su deber de fiscalización, dedicados a la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.
Por su parte, el concejal de SPV, Rubén Nieves apunta en que tras las sospechas denunciaron ante la fiscalía, la Oficina Europea contra el Fraude y ante el Tribunal de Cuentas, informando de las investigaciones que dichos organismos estaban llevando a cabo y esto fue, según el concejal, lo que supuso una denuncia en su contra.
Concluye señalando que como concejales no son quienes para dilucidar si hay delito, eso lo dejan para la Oficina Europea contra el Fraude pero sí aseguran que seguirán informando a la ciudadanía, que no se van a callar, ni a dar un paso atrás.