El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia la elaboración del anteproyecto de la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico, para lo que ha iniciado este martes, en el Portal de Participación de la Junta, la consulta pública previa, que quedará abierta hasta el próximo 30 de septiembre.
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que el objetivo de la futura ley es, “reducir la desigualdad que se produce en aspectos vinculados al ámbito laboral, que repercuten y motivan la brecha salarial”.
Por ello, ha añadido, el texto legislativo tendrá muy presente la “discriminación indirecta” que sufren las mujeres, en situaciones en las que parten en desventaja por los papeles o roles que se les atribuyen dentro de una estructura social que define como claramente desigual. En esta línea, dicha ley dará mucha importancia a medidas para “fomentar e incentivar cambios sociales que ayuden a que esas tareas no recaigan tan directamente sobre las mujeres”.
Así, la consejera ha puesto como “mejor ejemplo” las labores de los cuidados que, “por estructura social”, repercuten generalmente sobre las mujeres, recordando que más del 88 por ciento de las excedencias por el cuidado de hijos corresponden a ellas, que a su vez ocupan el 92 por ciento de los contratos a tiempo parcial por el mismo motivo.
Ley de consenso con la participación de los agentes sociales
Simón ha asegurado que el Gobierno regional va a trabajar “con mucha ambición” elaborando un articulado “en perfecta coordinación” con la Consejería de Economía Empresas y Empleo, así como con otras áreas del Ejecutivo; en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la participación, a la vuelta del verano, tanto de las organizaciones empresariales como de los sindicatos, así como con las asociaciones y entidades que trabajan en favor de la igualdad.
Simón ha finalizado explicando que la elaboración del anteproyecto de ley partirá de un análisis detallado de la realidad de la región, en el que ya se está trabajando y para el que se parte de datos “positivos”, como el hecho de “haber conseguido reducir la brecha salarial en cinco puntos” en la última década, haber reducido la tasa de paro femenina “casi a la mitad”, “contar con casi 4.000 nuevas autónomas” o “liderar en España la titularidad compartida en explotaciones agrarias”.