El Gobierno de Castilla-La Mancha va a trasladar al Comité de las Regiones de la Unión Europea y al comisario del área, Janusz Wojciechowski, que incluya la agricultura y la ganadería ecológicas en el primer pilar de la Política Agraria Común (PAC) para que las ayudas a este sector no dependan de los fondos del Programa de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas.
Será en el transcurso del viaje del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, a Bruselas dando con ello voz a las reclamaciones del sector.
Así lo ha explicado hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha llamado a hacer “una reflexión sobre el modelo de agricultura ecológica” congruente con el crecimiento que se ha producido en la Comunidad Autónoma y también en otros puntos del territorio nacional.
En concreto, el vicepresidente primero ha señalado que “Castilla-La Mancha ha recibido el doble de solicitudes de ayudas de agricultura ecológica que el año pasado” por lo que podrá hacer frente a 4.200 solicitudes recibidas en la convocatoria de este año.
En este punto, Martínez Guijarro ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de algo más de 160 millones para el periodo 2023-2027, lo que supone casi el 20 por ciento del presupuesto total del Programa de Desarrollo Rural (PDR), una cantidad que impide llegar a todas las solicitudes que se han tramitado este año.
Es por ello, que ha reiterado que es el momento de que estas ayudas se incluyan en la PAC, en congruencia con ese aumento de agricultores y ganaderos que han hecho el cambio de sus explotaciones a ecológico.
Además, Martínez Guijarro ha avanzado que se va a convocar a las organizaciones agrarias y las cooperativas de Castilla-La Mancha a una reunión con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el próximo lunes, 8 de abril, para trasladar este planteamiento.
Ley de Integridad Pública
Por otro lado, Castilla-La Mancha avanza en una Ley de Integridad Pública que refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración autonómica y que, tras el visto bueno de hoy, en el Consejo de Gobierno, inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes regionales.
Una Ley con la que, tal y como ha explicado el Vicepresidente, Castilla-La Mancha sigue a la vanguardia en materia legislativa en transparencia.
La nueva norma, según el vicepresidente primero, incluye una definición más clara de lo que se entiende por alto cargo y establece nuevas obligaciones como la obligación de presentar, en el momento de la toma de posesión, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se unirá a las de actividades, bienes y rentas que se vienen ya realizando.
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Además, ha explicado que la futura norma incluye, además, la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, de tal manera que pueda comprobarse que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.
Otra novedad que incluye la norma es la relativa al conflicto de intereses. En concreto, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, ya sea por estar involucrados en las mismas familiares u otras personas que puedan condicionar la toma de decisión.
Por otro lado, durante los dos años siguientes tras su cese, los altos cargos tendrán que comunicar las empresas con las que vayan a establecer relación laboral para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público anterior.
En este punto, el vicepresidente primero explica el papel clave de la Oficina de Integridad como órgano de prevención, impulso, control de la integridad y como el organismo de vigilancia.
El articulado del Proyecto de Ley incluye la habilitación del Canal Externo de Información, para que cualquier ciudadano pueda dirigirse para denunciar posibles irregularidades”.
