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Serrano advierte que, con el canon del agua, “Page pretende pura y simplemente meter la mano en los bolsillos de los castellanomanchegos”

El portavoz regional y diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano ha advertido que, con el canon del agua, García-Page pretende “pura y simplemente meter la mano en los bolsillos de los castellanomanchegos”.

Serrano ha detallado algunas de las 23 enmiendas presentadas por el GPP a la Ley de Acompañamiento de Castilla-La Mancha como: la supresión de la creación de la Agencia de Transformación Digital, la paralización del canon de la Directiva Marco del Agua y la modificación de la Ley de Agricultura Familiar.

Supresión de la creación de la Agencia de Transformación Digital

En cuanto a la supresión de la creación de la Agencia de Transformación Digital ha defendido que no es la creación de la agencia en sí, sino la forma por la que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende llevarla a cabo mediante remisiones a desarrollo reglamentarios futuros, lo que supone, según Serrano, entregar un cheque en banco a Page para luego desarrollar el contenido de la agencia.

Paralización del canon de la Directiva Marco del Agua

El portavoz del PP-CLM, Santiago Serrano, ha hecho hincapié en la necesidad de paralizar el canon de la Directiva Marco del Agua, ya que afirma que Emiliano García-Page pretendía imponer el canon antes de las elecciones de mayo de 2023 y fue frenada gracias a la presión del PP.

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Es una directiva del año 2000 y añade que si fuese obligatoria su aplicación, este impuesto ya llevaría en aplicación 22 años. Además, ha recordado la existencia de una ley a nivel regional, del ciclo integral del agua, que ya incorpora esa recuperación de costes.

Asimismo, Serrano ha apuntado que los ayuntamientos tendrán que pagar por los consumos y por las pérdidas en las redes municipales, “un coste que se verá repercutido en los vecinos”.

Sobre la Ley de Agricultura Familiar, el diputado autonómico ha afirmado que “la marcha atrás de Page”, demuestra claramente lo que desde el Grupo Parlamentario Popular llevan meses denunciando, y es que esa ley “pretendía expropiar las tierras a los agricultores, si consideraban que no eran rentables”.