El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado, esta mañana, que “ya ha pasado el plazo de un año que dice la ley que es necesario para contar con una nueva regulación en la explotación del Tajo-Segura” y por ello, ha señalado que “el diálogo no puede servir para retrasar un compromiso legal que es rectificar, cuanto antes, las reglas de explotación del Trasvase”.
Así lo ha puesto de relieve en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) ‘San Blas’ de Manzanares (Ciudad Real), una infraestructura que sustituirá al actual, en la que cursan sus estudios casi un millar de alumnos.
En este marco, ha insistido en que el Plan Hidrológico del Tajo fue aprobado “como consecuencia de un diálogo social” y ha remarcado que “la ley obliga a modificar las reglas de explotación, a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento pensando en la solidaridad”.
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El Tajo es víctima de “un delito ambiental”
En este marco, el jefe del Ejecutivo autonómico ha denunciado que “el Tajo sea el único río de Europa que no tiene caudal mínimo ecológico” lo que considera como un “delito ambiental”. Paralelamente, ha lamentado que “solo se habla del pacto del agua en España cuando se trata de quitárselo a Castilla-La Mancha” sin incluir “ni el Duero ni el Ebro ni ningún otro río”.
Por una solución “realista” a la gestión del campo español
En materia medioambiental, Emiliano García-Page se ha referido a la problemática que afecta estas últimas semanas al campo y sobre la que afirma que Castilla-La Mancha cuenta con “una estrategia que, si sale adelante coaligando todas las opciones de las distintas comunidades autónomas”, derivará en una “mejora de la gestión del campo español y, por tanto, europeo”.
García Page ha defendido que “hay que intentar conducir toda la energía movilizadora hacia objetivos posibilistas”, “con encaje legal” y alejado de “cualquier tipo de fanatismo”.
