El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por un modelo de financiación autonómica que sirva para cubrir el “coste real” de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y que son de su competencia. Del mismo modo, la reivindicación precisa que, teniendo en cuenta las particularidades de esta región, hay que “ponderar variables”, como la superficie, dispersión, envejecimiento de la población o la renta ‘per cápita’.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su comparecencia en las Cortes regionales este jueves, donde ha defendido la necesidad de “abordar un nuevo modelo de financiación autonómica” que contemple un reparto equitativo del dinero entre la Administración del Estado y la de las comunidades. Para ello, ha apostado por articularlo a través de una ley de armonización fiscal para que “la ciudadanía pague sus impuestos en función de la capacidad económica y no en función de donde resida”.
En la misma línea, Ruiz Molina ha señalado que el nuevo modelo de financiación que pedirá el Gobierno de García-Page debe “garantizar el principio de igualdad” en el sentido de que “todos tengamos derecho a acceder a un mismo nivel en la prestación de los servicios públicos” y que ese nivel “no dependa de la capacidad económica” de la autonomía en cuestión.
Reestructuración de la deuda y fondo transitorio
En otro orden de cosas , el consejero se ha referido a la condonación de la deuda con Cataluña, por parte del Gobierno de España. En lo que respecta a Castilla-La Mancha, ha recordado que, en base a las previsiones con las que han trabajado, sería de un mínimo de 2.200 millones de euros y el máximo posible. Por tanto, ha reiterado su postura a favor de que haya una reestructuración de la deuda y un fondo transitorio.
Para esa reestructuración, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha apostado porque sea un “órgano independiente”, como AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el que determine qué parte de la deuda es consecuencia de los desajustes del actual modelo de financiación y cuál lo es de las decisiones políticas de un gobierno en la comunidad.