El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya finalidad es garantizar que los proyectos, inversiones y reformas que se pongan en marcha con los fondos europeos Next Generation salgan adelante con toda la seguridad; además de afianzar una recuperación sostenible y resiliente y, al mismo tiempo, promover las prioridades ecológicas y digitales marcadas por la Unión Europea, asegurando el correcto uso de los fondos para estos fines.
De esta decisión ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha explicado que este Plan es una medida obligatoria para todas las administraciones que gestionen los fondos correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resilencia, lo que significa que todas están obligadas a contar con un plan en los términos fijados en la normativa de los fondos.
Respondiendo a esta obligación, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este Plan en el que se recogen las medidas de refuerzo para garantizar que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia se utilizan de conformidad con las normas establecidas, especialmente en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
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La participación de Castilla-La Mancha en los fondos Next Generation EU en sus diferentes mecanismos se cifra, hasta ahora, en aproximadamente en 1.500 millones de euros según las asignaciones conocidas hasta esa fecha.
Estos fondos se distribuirán en cinco grandes ejes: políticas de los cuidados (atención social, dependencia, sanidad e igualdad); transición energética (movilidad, energías renovables y rehabilitación de vivienda); medio ambiente (recursos naturales, economía circular y desarrollo rural); conocimiento (educación, formación y cohesión); y cohesión territorial e impulso al turismo.
En total, en todas estas políticas y con estos fondos se prevé la realización de unas 2.000 actuaciones en sectores estratégicos, en los próximos tres años.
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Por otro lado, la portavoz ha señalado que El Gobierno de Castilla-La Mancha suscribió a lo largo del año 2021 un total de 1.045 convenios -una media de casi tres al día- con diferentes instituciones y entidades públicas que supusieron una inversión de 298,9 millones de euros, 113,8 de ellos aportados por la Junta de Comunidades.
Blanca Fernández, ha destacado que Bienestar Social fue la Consejería que más convenios llevó a cabo, exactamente 707, que suponen el 70 por ciento de todos los convenios firmados por la Junta, y también la que realizó mayor aportación económica con 98,6 millones de euros.
