El Gobierno de Castilla-La Mancha está tramitando la aprobación de una explotación avícola de gallinas con una capacidad de 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría cuya ubicación está prevista en el paraje Hoya Cabrera dentro del término municipal de San Clemente (Cuenca) pero colindante a otros municipios y cerca de zonas habitadas de Casas de los Pinos, Los Estesos, Casas de Roldán y Ventas de Alcolea a menos de 500 metros del núcleo residencial conocido como El Ventorro y a tan solo 300 metros del núcleo residencial conocido como Casas de las Monjas. Se trataría de la granja avícola más grande de España y una de las más grandes de Europa.
En contra de que esta macrogranja sea ubicada en esta zona se ha constituido una plataforma vecinal con vecinos y vecinas de los pueblos y pedanías afectadas y con asociaciones ecologistas para dar visibilidad a este asunto y que ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y también de forma física con el objetivo de que este proyecto pueda detenerse.
Explican que el proyecto se iniciaba a finales de 2018, siendo conocedores del mismo, diferentes asociaciones ecologistas que en su momento realizaron las alegaciones oportunas en contra de esta instalación.
Llanos Ortiz y Pedro Mesas, miembros de esta plataforma aclaran que aunque la granja avícola se sitúa en el término municipal de San Clemente, queda en torno a 3 kilómetros de la pedanía de Villarrobledo de las ventas de Alcolea y incluso con viviendas a escasos 500 metros de lo que serían estas instalaciones.
Desde la Plataforma aclaran que el mayor inconveniente de este proyecto son sus dimensiones ya que con cerca de 1 millón y medio de animales las cantidades de deshechos, estiércol y emisiones serían astronómicas y además con el problema del consumo de agua. En este sentido señalan que los datos aportados por el promotor es que la macrogranja consumiría115.000 litros de agua al día; el doble de lo que consumen los habitantes de las cuatro pedanías más cercanas. Consideran que esta cifra está estimada a la baja ya que según los estudios realizados calculan que el gasto de agua sería prácticamente el triple de esa cantidad.
En relación al consumo de agua consideran que es especialmente grave ya que se extraería de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos declarada ya sobreexplotada. Añaden que el agua que realmente consumiría al año esta explotación sería equiparable a la que consumirían casi 100 hectáreas de viñedo de regadío en esta misma zona. Con ello apuntan a los posibles problemas de escasez de agua para la actividad agrícola que es la base de la economía de la zona. Por lo que apelan a la vigilancia de la Confederación Hidrográfica en todo estos aspectos.
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Inciden en que al contrario de lo que se podría pensar y de los argumentos a favor de la creación de empleo con la instalación de la macrogranja, se trata de explotaciones altamente mecanizadas que generan escasos puestos de trabajo y además, precarios. En el proyecto no se citan el número de personas empleadas pero dada la mecanización de estas infraestructuras, la mano de obra requerida tras la fase de construcción se supone mínima.
Aclaran que no es una granja ecológica de gallinas camperas, sino una fábrica de producción masiva de huevos, altamente mecanizada, gestionada a distancia y que convertiría la zona en un estercolero, criticando que estas empresas se aprovechen de pueblos pequeños y envejecidos, con poca posibilidad de movilización vecinal.
Se basan, además en la experiencia de otras localidades donde se han instalado estas macrogranjas y donde afirman que se ha demostrado que no se ha creado empleo y que además ha sido perjudicial para estos municipios.
Llanos Ortiz informa que la plataforma change.org sigue abierta para seguir recopilando firmas en contra de este proyecto, habiendo recogido ya en torno a las 4,000 firmas tanto de forma telemática como físicamente que tienen previsto hacer llegar a las instancias oportunas con quienes pretenden también reunirse para poder ser escuchados.
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A todo esto añaden que no existe una normativa específica ni ordenanzas que regulen una industria avícola de estas dimensiones por lo que ante problemas actuales o los que puedan venir, existe un vacío legal que beneficia a la empresa.
No comparten los argumentos dados en el proyecto en cuanto a que la elección de la zona responde a su falta de interés paisajístico y de fauna relevante, considerando que precisamente es todo lo contrario.
Todo esto por no hablar de los inconvenientes que conllevarán el mal olor, la proliferación de moscas y mosquitos y el impacto que pueda tener en la salud la contaminación atmosférica por altas emisiones de amoníaco.
Desde a Plataforma entienden que todo esto supone una amenaza para la vida rural y para las actividades económicas actuales, ya que el ambiente que generaría esta macrogranja sería incompatible con la vida en este entorno y cerraría el paso a posibles vías de desarrollo del pueblo, además de ir en contra de todos los esfuerzos que se están haciendo de cara a los objetivos del 2030 para intentar devolver vida a la España vaciada desde un verdadero respeto al entorno rural y al medioambiente.
El proceso sigue abierto en su fase de calificación urbanística que realizan desde Toledo al que también se pueden realizar alegaciones y recursos, mientras siguen dando visibilidad a todo ello a la espera de poder reunirse con las partes implicadas y exponerles su posición, teniendo en cuanta que la presión ciudadana a funcionado en otros municipios donde tes tipo de proyectos se han llegado a paralizar.
