Noticias Regional

Núñez anuncia que el PP-CLM ha registrado este martes su Ley Antiocupación

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este martes en las Cortes de Castilla-La Mancha su Proposición de Ley Orgánica para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad Privada y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecinal.

Núñez ha recordado que hace 15 días ofreció al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, un acuerdo para que el Parlamento autonómico contara con una legislación que pudiera combatir la ocupación ilegal en la Comunidad Autónoma y que esa proposición “que se pudiera hacer de forma conjunta” llegase al seno del Consejo de Ministros.

Igualmente, el presidente del PP-CLM ha asegurado que le parece “fantástico” que el Gobierno regional haya redactado también una Proposición de Ley sobre este asunto, aunque ha lamentado no conocer si esta partía del PSOE o del propio Ejecutivo, pero ha reiterado que con ambos textos serán capaces de enriquecer y hacer un texto mejor.

Núñez también ha valorado positivamente que el PP de Castilla-La Mancha haya conseguido poner en la agenda política del Gobierno de Page algo tan importante como el problema de la ocupación ilegal, ya que señala que el Ejecutivo autonómico no tenía previsiones para legislar sobre este asunto en el actual periodo de sesiones del Parlamento regional.

Núñez ha anunciado que con el texto del PP-CLM, además de con el del Gobierno, se iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los principales colectivos de la sociedad civil, como los colegios de abogados o los registradores, que son los que tienen un trabajo “vinculante” para combatir este problema, con el objetivo de que puedan enriquecer el texto.

Por último, el líder de los ‘populares’ ha destacado que algunas de las cuestiones que incluye esta Ley son la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento Civil, para conseguir el endurecimiento de las penas privativas de libertad de 6 meses a 3 años.