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El Gobierno regional se pregunta si las investigaciones judiciales que implican a Cospedal afectan también a Castilla-La Mancha

La consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, ha expresado la preocupación en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha por los hechos que constan en el sumario instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el llamado caso ‘Kitchen’, y que implican a la entonces presidenta regional, Dolores de Cospedal, y a Andrés Gómez Gordo, ex alto cargo de su máxima confianza que fue director general de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades.

Fernández ha recordado que Gómez Gordo – que pertenecía al Gabinete de la Presidencia y tenía su despacho en el Palacio de Fuensalida – fue parte sustancial de un operativo parapolicial montado presuntamente para hacer desaparecer pruebas acerca de la financiación irregular del Partido Popular, que finalmente quedó demostrada en sentencia firme. Además, según el juez de la Audiencia Nacional, el que fuera director general de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha, captó al chófer de Bárcenas e incluso le entregó dinero perteneciente a los fondos reservados del Estado para presuntamente obtener esta documentación.

Este conjunto de hechos ha sido calificado como “extremadamente grave” por la portavoz, quien ha mostrado su preocupación porque un ex alto cargo regional, cuya nómina pagaba la ciudadanía Castilla-La Mancha, se dedicase a estas cuestiones, “presuntamente por mandato directo de la señora Cospedal”.

Blanca Fernández ha recordado, que durante los años de Gobierno de Cospedal se llegaron a interponer 50 querellas contra ex altos cargos del anterior Gobierno, contra alcaldes y alcaldesas que se vieron envueltos en procesos judiciales que en su mayoría resultaron archivados mientras que, en los que acabaron en juicio, se pudo demostrar finalmente la inocencia de los que fueron injustamente acusados.

Según la explicado la portavoz, estas acciones tuvieron como finalidad “provocar la sensación de que en Castilla-La Mancha había campado la corrupción cuando nunca fue así con los gobiernos socialistas, como quedó demostrado dice, en los juzgados”.

Mientras tanto, recortes en Castilla-La Mancha

Mientras esto sucedía en Madrid, Blanca Fernández ha recordado que la ciudadanía de Castilla-La Mancha sufría los mayores recortes de la historia: 10.000 personas con dependencia fueron expulsadas del sistema, se recortó en más de 100 millones de euros la financiación de la residencias de mayores, se despidió a más de 3.000 profesionales sanitarios del SESCAM, se intentó privatizar hospitales, se despedía a 5.000 docentes, se cerraban escuelas y urgencias rurales, se eliminaron becas de comedor y ayudas de emergencias, se dejó a la universidad reducida a la mínima expresión y los recortes provocaron el despido de 22.000 profesionales de los servicios sociales.

Atentos al proceso judicial

Blanca Fernández ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha estará muy atento al desarrollo de las investigaciones y del proceso judicial ya que entienden que este es un asunto que afecta directamente a la Presidencia del Gobierno de la Junta entre los años 2011 y 2015, y ha avanzado que no descarta ninguna acción que en un momento dado sea aconsejable tomar para preservar los intereses de la comunidad Autónoma.