Desde SPV denuncian la “privatización” de la campa de camiones de la localidad por parte del Gobierno Municipal al haber llevado a hoy a Junta de Gobierno el pliego de condiciones que regirán la contratación de este servicio.
Un pliego de condiciones que explican que “salió ayer, con solo 24 horas de tiempo para su revisión” y que hoy finalmente ha sido aprobado en Junta de Gobierno con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos, votando en contra SPV.
Para el concejal, Rubén Nieves, el actual Gobierno está adquiriendo lo que dice que fueron las “malas formas” del Gobierno de Alberto González ya que recuerda que el partido socialista en la pasada legislatura ya emitió un pliego de condiciones que quedó desierto al no haber recibido ninguna oferta para quedarse la gestión de este servicio.
Un pliego que en aquella ocasión salió por 19.000 euros, cantidad que la empresa debería abonar al ayuntamiento y que el PP ha sacado por 26.000 euros, con una duración de 35 años, con lo que Rubén Nieves prevé que si con una cantidad más baja la oferta no tuvo interés, es probable que con un precio más alto, tampoco.
Además denuncia que este pliego aprobado hoy no haya pasado con anterioridad por la pertinente Comisión Informativa y que directamente haya pasado a Junta de Gobierno donde dice que el PP tiene mayoría “absolutísima” con los votos de Ciudadanos y sabiendo de ante mano que el PSOE votaría a favor puesto que ya fue propuesto por ellos durante su gobierno.
Para SPV la campa de camiones es un servicio público cuya gestión debe ser pública lo que mejoraría dice, las arcas municipales aunque señala que estas instalaciones están mal planteadas debido a que no cuentan con otros servicios adicionales al del aparcamiento como un surtidor, una cafetería o lavado de camiones que ayudarían a su rentabilidad.
Incide Rubén Nieves en que la gestión privada además de ser más cara sólo beneficia a una empresa, temiendo que no se defienda a los camioneros autónomos sino a aquellos que más paguen, como empresas con flota de camiones, provocando que los autónomos puedan quedar sin plaza en estas instalaciones con el añadido de que previsiblemente se terminará aprobando la ordenanza que se propuso ya en la legislatura pasada por la que se prohibiría el aparcamiento de camiones en el casco urbano.
Critican que en pliego de condiciones no se haya plasmado ninguna especificación en cuanto al precio por aparcar, lo que quedará, según el concejal, al criterio de la empresa que lleve el servicio. Para SPV esto debería ser regulado mediante ordenanza con precios con beneficios para camioneros y empresas locales o con mejoras para los autónomos.
Por otro lado, consideran muy grave que el contrato aprobado hoy, que insisten en que es una privatización de un servicio público, no haya sido acompañado de informa de intervención que dice que es un requisito indispensable legalmente para la aprobación de la externalización del servicio.
En este sentido afirma que de no contar con este informe en el que desde Intervención se diga que la gestión privada es más barata de la pública desde SPV emprenderán las medidas legales necesarias ante lo que dicen que podría ser un presunto incumplimiento de la Ley.
