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El Consejo de Gobierno aprueba el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2020-2023, dotado con cerca de 6.000 plazas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2020-2023, que contempla la aprobación de cerca de 6.000 plazas de empleo público en ese periodo, que se sumarán a las casi 12.000 de la primera edición de este plan y que permitirán generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a los ciudadanos interesados en adquirir la condición de funcionario de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios públicos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de los detalles de este plan, en línea con el aprobado hace cuatro años, que también dotará de mayor estabilidad a las plantillas de la Administración regional e incentivará el desarrollo profesional de los empleados públicos, ya que, tal como ha resaltado Ruiz Molina, a las 6.000 plazas de nuevo ingreso previstas habrá que sumar en las ofertas de empleo público que se aprueben cada año las correspondientes plazas de promoción interna.

Ruiz Molina ha señalado que con esta estrategia de planificación a cuatro años en lo referente a empleo público el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé aprobar, como mínimo, 1.300 plazas en el ejercicio 2020, cerca de 1.400 en el año 2021 y unas 1.600 tanto en 2022 como en 2023.

En cuanto al reparto por sectores de estas cerca de 6.000 plazas previstas, Ruiz Molina ha indicado que se dividirán entre unas 2.000 plazas el sector educativo, cerca de 2.200 plazas para el sector sanitario y, aproximadamente, unas 1.700 del ámbito de Administración General.

El titular de Hacienda y Administraciones Púbicas ha explicado que será en el momento de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de cada año, cuando se determinarán los cuerpos, escalas, especialidades o categorías que se convocan, así como la distribución de plazas entre los diferentes sistemas de acceso, ya que “todas las ofertas públicas de empleo se deben negociar previamente en las respectivas mesas de negociación con los sindicatos”.