El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno para registrar el próximo lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha cuatro leyes que marcarán la hoja de ruta en los primeros meses de su gestión.
Cuatro leyes que forman parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno del presidente Emiliano García-Page y que se retoman ahora, tras no poder aprobarse en la pasada legislatura, como son la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, la Ley de Economía Circular, la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de Participación Ciudadana.
Así lo ha dado a conocer la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, quien ha valorado un comienzo de legislatura en el que “el presidente García-Page apuesta de forma decidida por la igualdad en el mundo rural, la sostenibilidad medioambiental, la modernidad y la participación ciudadana, y la implantación de proyectos en el entorno rural».
Sobre el primero de los casos, Fernández ha dejado claro que “el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha responde al compromiso de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural”, y ha añadido que con ello se “pretende cubrir el déficit que tienen en el mundo rural, donde sufre una doble discriminación. Por un lado, el difícil acceso al mercado laboral y, por otro, el de la conciliación”.
En este punto, ha valorado que, durante la pasada legislatura, un total de 800 mujeres se incorporaran al campo, un tercio del total de jóvenes que comenzaron su actividad en el medio rural gracias al impulso del Ejecutivo castellano-manchego, así como se consiguiera quintuplicar el número de titularidades compartidas en la comunidad autónoma.
La Ley de Economía Circular será la primera sobre esta materia en España, y con ella se impulsa el cambio de modelo de la economía regional, de uno lineal a uno circular, incluyendo conceptos como “la reelaboración, reutilización, reparación, recogida y reciclado”, transformando el residuo en recurso y que “va a permitir generar 30.000 puestos de trabajo”.
La regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos haciendo compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de la región, especialmente en el medio rural, también tendrá su regulación normativa.
Una Ley de Evaluación Ambiental que pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental, como son ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos. “Se trata de facilitar la tarea, en especial a los pequeños ayuntamientos, o bien los organismos o entidades consultadas. De esta forma se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”, ha remarcado Fernández.
Por último, de la Ley de Participación Ciudadana, Fernández ha destacado la contribución de más de 700 personas y 70 entidades en la elaboración del anteproyecto, una normativa que regulará el procedimiento para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre políticas públicas de Castilla-La Mancha, ya que hasta ahora había procesos de participación que no tenían reglas claras.