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Núñez aprobará de forma urgente una Ley del Tercer Sector que garantice la estabilidad económica y seguridad en la aplicación de los servicios que prestan los colectivos sociosanitarios

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha adelantado que cuando llegue al Gobierno de la Junta aprobará de forma urgente la Ley del Tercer Sector para que la estabilidad económica de los colectivos sociosanitarios de la región y, por tanto, la prestación de los servicios sociales a los usuarios de los mismos, estén garantizados.

Núñez ha realizado este anuncio esta mañana tras mantener un encuentro con asociaciones y usuarios de los servicios que prestan en el Centro Social de Tarancón (Cuenca).

Y es que, según ha denunciado Núñez, “no puede ser que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el responsable de la prestación de los servicios sociales en la región, cargue sobre la espalda del tejido asociativo la incertidumbre del desarrollo de esas políticas”. Afirma que “Un gobierno responsable y serio se apoya en las asociaciones para implementar sus servicios sociales, e incide en que así lo hará como presidente, con certidumbre, estabilidad económica y seguridad jurídica.

Algo que dice que no ocurre ahora pues, tal y como ha explicado, las ayudas se publican “con la fecha que el consejero de turno quiere” en función a las circunstancias y a sus intereses, vaticinando que “seguro que este año está todo resuelto antes de las elecciones, cuando el año pasado las convocatorias se resolvieron en junio”.

Esto, para Núñez, pone en riesgo el desarrollo efectivo de la atención social a dependientes, enfermos o personas con discapacidad que la necesitan, destacando que si los profesionales que los atienden “no estuvieran contratados por las asociaciones, tendría que pagarles la Junta de Castilla-La Mancha y todos los meses cobrarían y sabrían cuál es su periodo de contratación”, preguntándose “por qué entonces los colectivos que prestan este tipo de servicios tienen que soportar los incumplimientos en los plazos de pago por parte de la Junta y la incertidumbre en la fecha de resolución de las ayudas”.

Por ello, ha considerado incomprensible el que “habiendo aprobado en 2015 el PP a nivel nacional una Ley del Tercer Sector, en estos cuatro años de legislatura el Gobierno de izquierdas de Page haya sido incapaz de desarrollar un texto legal que siguiera esa línea para garantizar la aplicación de esas políticas de ayudas”.