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Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de la Economía Circular con una ley pionera con un triple beneficio sostenible: social, económico y medioambiental

Castilla-La Mancha contará esta legislatura con una Ley de Economía Circular que desde el Gobierno Regional se afirma que estará a la vanguardia, fruto de un amplio proceso participativo, convirtiéndose así en una región pionera en España en tener y en aplicar una normativa de esta envergadura con la que reducir residuos, tras la aprobación de su anteproyecto por el Consejo de Gobierno esta misma mañana.

El Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo señala que con esta normativa, la región ha sentado las bases para pasar de una economía lineal, consistente en producir, usar y tirar, a un modelo circular, abarcando la totalidad del ciclo de vida del producto, desde su producción hasta su consumo, pasando por la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias, como ya se vienen haciendo, por ejemplo, en la agricultura con la reutilización de aguas depuradas para riego en el campo.

De lo que se trata es de que el residuo se convierta a su vez, en recurso y pueda volver a ser utilizado, produciéndose una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, mitigando las consecuencias negativas para el medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

Así, ha explicado, que con la Ley de Economía Circular se conseguirá lo que ha calificado de un “triple beneficio sostenible”, abarcando no solo el medio ambiental, sino el económico y el social.

Según reflejan los estudios previos desarrollados para la creación de esta normativa, se obtendrían, a nivel empresarial, un incremento del 30 por ciento de beneficios; mientras que desde el punto de vista social, se generarán nuevas oportunidades de empleo y de negocio y en el ámbito medioambiental, se seguirá avanzado en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Dentro de esta norma se incluye también que en el plazo de un año de su entrada en vigor, se regulará el tributo por el que se grave el depósito de residuos industriales peligrosos, residuos industriales no peligrosos y residuos de construcción y demolición en vertedero.

De esta forma, se hará realidad la aplicación práctica del principio ‘el que contamina, paga’, de manera que, en caso de problemas ambientales sea las empresas y no los ciudadanos quienes “hagan frente a los costes de reparación medioambiental”.