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Aprobado el Decreto del Procedimiento de Dependencia que dará seguridad jurídica a las personas con dependencia, a sus familias y al Sistema de Dependencia de la región

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia y el Derecho de Acceso a los Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la región.

El Decreto cuenta con “importantes mejoras” que, según ha informado la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, corren a cargo de la Comunidad Autónoma y cumplen el compromiso del Gobierno regional de dar seguridad a las personas en situación de dependencia, a las familias y al sistema de Dependencia.

Entre otras mejoras, ha destacado la consejera, el nuevo decreto avanza en la simplificación de trámites y documentación necesaria para la valoración de la situación de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). A partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio. Anteriormente, el informe social necesario para el reconocimiento del servicio o prestación adecuado lo tenía que recabar la misma persona al inicio del procedimiento, sin saber aún si iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia.

Como novedad, ha proseguido Sánchez, el nuevo Decreto establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y en personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular en menores de edad.

El Decreto introduce un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses. La consejera ha remarcado que esta novedad es “única” en el conjunto del país. Además, los niños y niñas de entre 0 y 6 años también tendrán un profesional de referencia a su lado para todo el proceso.

El Decreto también amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013 se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia.

Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social.

En cuanto al presupuesto, la consejera ha recordado que en 2018 ascendía a 420 millones de euros para todo el Sistema de Dependencia y que de este presupuesto se destinaron 102 millones de euros para las prestaciones económicas. Las mejoras económicas que incluye este Decreto supondrán un presupuesto de 2,8 millones al año.