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Robisco exige a Page explicaciones sobre irregularidades e incumplimientos que rodean los contratos del transporte sanitario

Contratos ilegales, impagos, abuso de contratos de jóvenes en prácticas, despidos improcedentes, presiones a los trabajadores, ambulancias en mal estado en las que los pacientes viajan hacinados… Éstas son algunas de las lamentables condiciones en las que se está llevando a cabo el transporte sanitario en Castilla-La Mancha, según viene denunciando desde hace tiempo el Partido Popular, que una vez más y ante la gravedad de lo que está sucediendo, ha llevado el tema a las Cortes regionales para intentar aclarar qué está pasando con este servicio en las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, donde el transporte sanitario presenta múltiples carencias.

Ante la falta de respuestas, hoy el Grupo Parlamentario Popular ha pedido de nuevo explicaciones en el Parlamento sobre los pormenores de un servicio que es de vital importancia para los castellano-manchegos, y que se está prestando de manera “muy deficiente en varias provincias, con los trabajadores suportando condiciones indignas”.

Robisco ha asegurado que, un año después de la firma del contrato de adjudicación, la situación sigue igual de mal y el servicio presenta múltiples deficiencias e irregularidades que afecta a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Afirma que “Es un contrato en fraude de Ley, conocido y consentido por Page, del que dice que es el máximo responsable de este desaguisado y que está mirando para otro lado ante un problema que afecta a miles de pacientes y decenas de trabajadores que trabajan en condiciones indignas y son ‘perseguidos dice, ’ si se les ocurre protestar.

Tras el Pleno de las Cortes regionales, Robisco –que ya preguntó hace un mes por los problemas del transporte sanitario-, ha insistido en que el Ejecutivo regional está ocultando información de forma premeditada, habiendo suprimido datos clave de los informes que su día solicitó el Partido Popular en relación con este servicio, tratando así de ‘tapar’ asegura, incumplimientos de la empresa adjudicataria.