En el Día de los Derechos Humanos que se conmemoraba ayer, 10 de diciembre, desde la Plataforma en Defensa de lo Público realizan una serie de reivindicaciones que pasan en primer lugar por el ámbito sanitario, recordando que se ha convocado a nivel nacional la III Jornada de Movilización contra las listas de espera y contra la mercantilización de la sanidad.
Afirman que a pesar de los anuncios desde el SESCAM en cuanto a que las listas de espera decrecen, lo cierto es que se están haciendo dicen, “malabares con las cifras” atendiendo al análisis de las cifras del portal de transparencia de la Junta.
Frente a ello desde la Coordinadora antiprivatización de la Sanidad de la Plataforma por lo Público de Villarrobledo y San Clemente proponen la creación de un turno de tarde en las especialidades médicas en las que sea necesario, funcionando el Hospital a pleno rendimiento hasta las 21 horas.
Proponen también la prohibición de los conciertos con centros privados, plantean la “incompatibilidad absoluta” del personal médico para que trabaje en la sanidad privada, también proponen unas garantías y plazos para la tención sanitaria, iguales en todo el Estado y la entrada en la lista de espera de forma automática tras la decisión del facultativo.
Los plazos que proponen son 10 días de espera máxima para consultas preferentes, para atención especializada 30 días, para pruebas diagnósticas de oncología y cardiología, 30 días y 45 días para otras pruebas no urgentes. Proponen un plazo máximo de 30 días para cirugía oncológica y 60 días para cirugía cardíaca y 120 días para el resto de cirugías.
Insisten en que la sanidad es un derecho fundamental que además se vincula a otras cuestiones por las que se debe seguir luchando como afirman que se ha venido haciendo desde hace años en Villarrobledo.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público entienden que “el desmantelamiento de la sanidad sigue en proceso” y que se trata de la forma más “brutal de privatización” ya que afirman que se está obligando a la gente a que “el que quiera curarse tenga que recurrir a la sanidad privada”.
Por ello exponen todas las reivindicaciones mencionadas para conseguir que la sanidad pública pueda a tender a los pacientes de una forma decente.
Dicen que no entienden que mientras se anuncia la construcción de un nuevo centro de salud en Villarrobledo cuando el existente señalan que no se “pone a pleno rendimiento” lo que supondría la contratación de personal sanitario que atendiera por las tardes para evitar que los pacientes no consigan cita durante toda una semana además de aliviar así la carga de trabajo de los profesionales para una mejor atención.
Con todo ello llaman a los vecinos de la comarca para “seguir defendiendo lo que es suyo” ya que afirman que la lucha es con lo que al final se conquistan los derechos.
En el ámbito de la vivienda aluden al derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos, un derecho que dicen que no se está cumpliendo ya que según los datos “se están batiendo récords en desahucios en España en 2018”. Señalan que los desahucios no decrecen sino que “van a más” registrándose en torno a 115 al día.
Una situación que se produce en la mayoría de los casos por motivos de “pobreza sobrevenida” y que no es ajena en Villarrobledo por lo que en su día se creó la Plataforma Stop Desahucios para ayudar a las personas de la localidad que se enfrentaban a este problema.
Desde ese momento se trabajó en el asesoramiento a los ciudadanos y sobre todo en la presión a los bancos a que propusieran otras soluciones que no fueran exclusivamente el abandono de la vivienda.
Afirman que esta presión conllevó la creación de la Oficina Antideshucios donde se da asistencia jurídica en los complicados trámites pero siguen demandando entre otras cosas, que se publicité más esta oficina, algo a lo que dicen que desde el Gobierno no se les “hace caso”.
Otra demanda importante que plantean es la creación de parques de viviendas de alquiler municipales gestionados por lo público para evitar que las personas que han sido desahuciadas se puedan quedar en la calle con sus familias.
Un parque de viviendas que explican que en muchos casos es público porque pertenecen a la SAREB que es el llamado “banco malo” creado por el Gobierno para quitarle los activos tóxicos a los bancos por lo que se necesita una voluntad política de presionar a los bancos para que cedan estas viviendas al Ayuntamiento.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público se centran también en el problema de la pobreza energética ya que existen familias que hoy en día no pueden hacer frente a los recibos de luz o calefacción o agua caliente.
Responsabilizan de ello a la forma en que el sistema gestiona la energía en España con el que se enriquecen las multinacionales “con la energía que es de todos” y por la que los ciudadanos deben pagar.
