Componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, bajo el marco de la operación “Chickpea”, han detenido a tres personas, de 37, 40 y 67 años, por la comisión de 125 delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, estafa, falsificación de documentos privados, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos oficiales mercantiles de la agencia tributaria holandesa, y usurpación de estado civil. Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
La Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de esa misma localidad, y representante de una empresa de legumbres, que informaba de que hacía unos meses había realizado una importante venta de garbanzos, por valor de
42.000 euros, no habiendo recibido esa cantidad por parte del comprador.
A raíz de esta denuncia el Equipo de Policía Judicial de Villarrobledo inició las investigaciones para tratar de identificar al supuesto deudor, pudiendo comprobar desde las primeras pesquisas que podría tratarse de una estafa compleja en la que una persona se dedicaba a comprar grandes cantidades de mercancías a distintas empresas que nunca abonaba y que a su vez vendía a una segunda persona.
Realizada esta venta, el adquiriente se encargaba de incorporar la mercancía en el mercado lícito, vendiendo estos productos a un precio muy inferior al valor del mercado, pagando los beneficios que le correspondían al vendedor a través de diversas cuentas bancarias afincadas en varios países de la Unión Europea.
Estas cuentas bancarias eran gestionadas por una tercera persona, quien había creado un entramado de empresas a nivel europeo a través de las cuales, realizaban multitud de movimientos entre ellas, para enmascarar y dificultar una
posible investigación policial.
La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet para simular más tarde, ser un alto ejecutivo de dichas
empresas a las cuales les usurpaba la identidad, al igual que hacía el, que utilizaba varias identidades falsas ante posibles investigaciones policiales.
El segundo integrante era la persona encargada de recepcionar la mercancía comprada y no pagada por el jefe de la organización e introducirla en el mercado lícito, vendiendo esta a un precio muy inferior al de mercado, obteniendo con ello
un importante beneficio económico de las operaciones. El dinero obtenido de las ventas era derivado, a cambio de la mercancía, a cuentas bancarias afincadas en Rumanía, Gran Bretaña e Irlanda, a nombre de una tercera persona.
Durante la investigación, la Benemérita ha llegado a analizar más de 1.000 giga bytes de información , correspondiendo a millones de archivos logs de registro y a miles de documentos analizados en relación con los hechos investigados,
detectándose varias cuentas bancarias en los países de Gran Bretaña, Irlanda y Rumania, las cuales eran utilizadas para crear un entramado de movimientos para blanquear y hacer desaparecer el rastro del dinero estafado.
Con toda la información obtenida, los agentes encargados de la investigación han podido constatar la comisión de hasta 125 hechos delictivos :
– Uno de pertenencia de los tres detenidos a una organización criminal que ha
quedado desarticulada por completo.
– 32 delitos de estafa, cinco de ellos en grado de tentativa.
– 38 delitos de blanqueo de capitales.
– 10 delitos de receptación.
– 37 delitos de falsificación de documentos privados, públicos y mercantiles.
– 7 delitos de usurpación de estado civil (identidades físicas y jurídicas ).
Las cantidades estafadas por la organización criminal ascienden a 1.300.000
euros, habiéndose bloqueado una cuenta bancaria en Irlanda con un fondo de 2
millones de euros.
Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
Destacar que se han tramitado 5 comisiones rogatorias internacionales con otros tantos países relacionados con las estafas, además de una investigación patrimonial con las entidades interesadas al objeto de inventariar el patrimonio real de las mismas.
