Desde la plataforma en defensa de lo público siguen mostrando su desacuerdo ante la recientemente aprobada en pleno prórroga del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria con la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas por lo que han querido hacer público un comunicado en el que insisten en que los servicios públicos que un ayuntamiento debe prestar es un derechos social básico, considerando esta prórroga un “regalo” y un “ataque” a estos derechos.
Afirman que de este modo el ciudadano pierde toda la posibilidad de participar en la gestión y fiscalización de unos servicios que paga.
Recuerdan desde la plataforma que han informado a los ciudadanos de este proceso a través de la prensa y con la realización de varias asambleas abiertas y a con el reparto de panfletos explicativos, además de la realización de una campaña de recogida de firmas con el fin de paralizar la firma de la prórroga y el inicio de un estudio “real” del proceso. Para la plataforma esto no se “ha querido tener en cuenta” porque afirman que “la decisión estaba tomada de antemano” sin contar, añade, con la opinión de los que defienden lo público como un derecho.
Explican las razones por las cuales desde la plataforma en defensa de lo público se muestran en contra de esta medida como que no se han explorado las vías alternativas para la prestación pública del servicio a través de la creación de una ponencia técnica a través del pleno del ayuntamiento en virtud de los artículos 85 y 86 del Reglamento de bases de Régimen Local.
Entienden que desde el Ayuntamiento se ha “tergiversado” la postura de la plataforma y “se ha manipulado” el posible escenario de recuperación del servicio “con fines políticos”. Asimismo afirman que el gobierno Municipal presidido por Alberto González se ha negado a abordar, de manera efectiva, un diálogo tendente a clarificar la situación, limitándose, dicen, a contar la parte “que más le convenía” de los informes elaborados al efecto y no entregados a la opinión pública.
Por todo ello, la plataforma en defensa de lo público comunica que pondrá en manos de los servicios jurídicos a su alcance los pliegos de condiciones con el objeto de analizar la prestación del servicio y esclarecer si existe un “posible escenario de incumplimiento del contrato” por parte de la empresa, o ante un “dejación de funciones” en materia fiscalizadora por parte de los diferentes gobierno municipales.
Por otro lado, exigen la elaboración de una memoria económica de costes que analice la prestación del servicio y “arroje luz sobre los verdaderos intereses y prisas a la hora de sellar” la prórroga porque dicen que desde la plataforma no van a consentir que unos pocos cierren “ante una mesa camilla” acuerdos con el dinero de todos los ciudadanos.
Por último desde la plataforma dicen tener claro que su finalidad es la de defender siempre lo público “por encima de los intereses particulares” por lo que animan a los ciudadanos a unirse a las asambleas ya que afirman que con la unión de todos es posible lograr sus propósitos.
