Villarrobledo En Acción ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Europea para que se investigue el posible uso irregular de una subvención de 65.000 euros procedentes de fondos FEADER, destinada a actuaciones de promoción cultural en Ventas de Alcolea. La denuncia se dirige contra el alcalde de Villarrobledo y senador, Valentín Bueno Vargas, así como contra la concejala de hacienda Amalia Gutiérrez Serrano y el concejal de cultura, Juan José Calero Gutiérrez, cuya posible implicación se solicita investigar.
Durante la rueda de prensa, el concejal Rubén Nieves ha explicado que la ayuda, solicitada por el Ayuntamiento en 2025, estaba vinculada a la promoción cultural de Ventas de Alcolea. Sin embargo, según la documentación y las pruebas recopiladas por la formación, parte del material adquirido con esta subvención —incluido mobiliario y equipamiento para eventos— se encontraría en dependencias municipales o habría sido utilizado en celebraciones como la Fiesta de la Vendimia y el Viña Rock, en lugar de destinarse a la finalidad prevista.
Nieves también ha señalado que la propia asociación cultural de Ventas de Alcolea no habría tenido conocimiento de esta iniciativa hasta fechas recientes. En este sentido, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por el alcalde sobre la custodia del material fuera de la pedanía y ha defendido la necesidad de esclarecer si se ha respetado la finalidad de la ayuda y la normativa aplicable a los fondos europeos.
Por su parte, la concejal Mario de la Ossa ha puesto el foco en el contraste entre la adquisición de equipamiento para uso municipal y las necesidades que continúan sin resolverse en Ventas de Alcolea. El edil ha denunciado la situación de abandono que sufren sus vecinos, que afrontan importantes carencias en servicios e infraestructuras básicas, incluida la falta de agua potable para consumo humano.
Desde Villarrobledo En Acción consideran que la gestión de los fondos públicos debe estar sometida a controles rigurosos y responder a las necesidades para las que se conceden las ayudas. Por ello, la formación ha puesto los hechos y las pruebas recopiladas en conocimiento de la Fiscalía Europea para que se compruebe si existen irregularidades, se determinen las posibles responsabilidades y se adopten las medidas que correspondan.
La formación insiste en que corresponde a los organismos competentes esclarecer los hechos y determinar si se ha producido alguna infracción, y reclama que los fondos destinados al desarrollo rural beneficien efectivamente a las pedanías a las que van dirigidos.
