La concejal socialista, Helena Castellanos ha informado del inicio de los juicios de los trabajadores y trabajadoras municipales tras las 180 demandas realizadas contra el equipo de gobierno por la forma de aplicar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Más de una veintena de estos juicios tenían lugar hoy, recordando Castellanos que el Equipo de Gobierno del Partido Popular aprobó la RPT en julio de 2022 “en contra del PSOE y los sindicatos”. Un documento que apunta que sirve para ordenar las funciones de cada puesto de trabajo del Ayuntamiento pero que la concejala afirma que con ello, “los trabajadores y trabajadores del Ayuntmaiento pierden antigüedad y poder adquisitivo” por la forma en que se ha aplicado”.
Incide en que han sido testigos de las innumerables ocasiones en las que los sindicatos han intentado negociar para encontrar una solución, sin que el Equipo de Gobierno “haya dado su brazo a torcer” por lo que finalmente los trabajadores se han visto obligados a demandar.
La edil socialista apunta que la defensa del Equipo de Gobierno apunta a criterios técnicos que dice que los sindicatos no han podido ver e incide en que “no es la primera vez que el partido Popular ataca los derechos de los trabajadores”.
En este sentido recuerda como entre los años 2011 y 2013, con gobierno del Partido Popular, se despidió a 69 trabajadores y trabajadoras, teniendo que reincorporar después a muchos de ellos que también recurrieron a la justicia, resultando sus despidos improcedentes y costando dice a las arcas municipales cerca de 1,5 millones de euros.
Añade que el partido socialista siempre ha estado al lado de los trabajadores y sindicatos y lamenta que el equipo de gobierno “no haya hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo” responsabilizándolos directamente de esta situación.
Concluye señalando que el PP gobierna “de espaldas a la plantilla municipal y a los representantes sindicales” sin escuchar dice, y sin negociar, gestionando desde la imposición y el autoritarismo.
Para Castellanos el PP y Valentín Bueno priorizan criterios políticos frente a los derechos de los empleados municipales y de todo Villarrobledo, siendo incapaces dice, de gobernar desde el consenso, “demostrando falta de sensibilidad y una pésima gestión” que la concejala afirma que “perjudica a los trabajadores” con el coste económico que supone todo este proceso judicial, que tendrán que pagar dice, todos los vecinos y vecinas.