El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Serrano, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de las cuatro enmiendas presentadas por su grupo, por valor de 3 millones de euros, que mejorarán la capacidad de inversión de los Ayuntamientos de cara al ejercicio 2025, por lo que ha anunciado su respaldo y voto favorable a los Presupuestos de la institución provincial que se debatirán en el Pleno del próximo martes.
Así lo ha anunciado hoy Antonio Serrano, quien junto al viceportavoz del Grupo Popular, Bernardo Ortega, ha destacado que han priorizado el bienestar de los vecinos por encima de la ideologías.
De esta forma, Antonio Serrano ha detallado que la primera enmienda va destinada a incrementar la capacidad inversora de los Ayuntamientos a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (POS) que ya el año pasado fueron incluidos gracias a otra enmienda del Partido Popular, con lo que el incremento supone 1.150.000 euros más, pasando de 5,9 millones de euros a 7, un 15% más, que compensará la subida en el coste de materiales y sueldos. Con ello, los ayuntamientos más pequeños, por ejemplo, pasarán de 60 a 70.000 euros para invertir en obras y servicios.
La segunda de las enmiendas, la que se destina a la mejora de los caminos rurales que dan acceso a parcelas, cultivos, industriales, urbanizaciones y segundas residencias en los municipios de Albacete, pasan de estar dotados con 1,5 millones de euros a 2, un 25% más, que los Ayuntamientos podrán destinar a mejorar estos accesos tan importantes en nuestra provincia.
La tercera enmienda afecta directamente a los municipios de más de 20.000 habitantes, con lo que los convenios pasan de 200 a 300.000 euros, con lo que Almansa, Villarrobledo, Hellín y Albacete tendrán más recursos para mejorar sus infraestructuras, con el apoyo de la Diputación Provincial.
Y la cuarta enmienda está fundamentada en una iniciativa presentada por el Partido Popular hace un par de meses, para dar un respaldo económico a los pueblos que tienen pedanías y población dispersa, que son más del 50 por ciento de la provincia, con lo que tendrán una financiación diferenciada, con partidas que van de los 7 a los 20.000 euros que tendrán que ser invertidas para mejorar en servicios públicos básicos.