El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado, esta mañana, la aprobación por parte del Gobierno autonómico de una partida de “22 millones de euros destinados a la compra de resonancias” para el nuevo Hospital Universitario de Guadalajara. De este modo, ha explicado el presidente regional, se culminan “todos los compromisos que hemos adquirido en materia de inversión tecnológica” para esta infraestructura sanitaria, ya finalizada.
Así lo ha dado a conocer en la localidad guadalajareña de Villanueva de la Torre, donde ha presidido la reunión del décimo Consejo de Gobierno itinerante de la legislatura.
De igual modo, el presidente regional ha recordado la inversión de 67,4 millones de euros para las “prestaciones para personas mayores y dependencia” en el ámbito del servicio de Ayuda a Domicilio que gestiona la Consejería de Bienestar Social, y que está relacionado con “el conjunto de los desarrollos residenciales” de la región.
Soluciones de ámbito nacional con reflejo en los presupuestos
García-Page se ha referido a la situación geográfica y social de la Comunidad Autónoma, que ha provocado que “este año se haya atendido, en el ámbito sanitario, a mucha más gente que ha venido aquí, de la que han atendido fuera de ciudadanos de Castilla-La Mancha”.
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En este sentido, ha reiterado la propuesta de alcanzar un acuerdo estatal a fin de contabilizar el gasto que supone la atención a estos flujos de población que hace uso de los servicios públicos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado también establecer “un acuerdo entre todas las comunidades autónomas” para que el Gobierno de España, éste y los futuros, “no pueda nunca aprobar más normas que supongan gasto para los ayuntamientos o para las comunidades autónomas sin la financiación correspondiente”.
Se pronunciaba así sobre el acuerdo aprobado este mismo martes entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para fijar los requisitos mínimos de los servicios de dependencia en España, un documento que ha salido adelante por diez votos a favor y nueve en contra, entre ellos, el de Castilla-La Mancha.
En último lugar, ha rechazado que, a pesar de acumular ocho años sin financiación autonómica regulada, “se siga cargando los servicios públicos a los lomos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.