El coportavoz, de SPV, Rubén Nieves ha informado hoy del Recurso de Reposición que su grupo municipal ha presentado ante el Ayuntamiento en contra de los que dicen que es la “privatización del servicio de socorrismo” por parte de Gobierno del PP.
Señala que el Gobierno aprobaba el pasado mes, en Junta de Gobierno un expediente de contratación para adjudicar a una empresa este servicio de socorrismo en la piscina de verano, algo que desde SPV afirman que no es admisible, denunciándolo con el Recurso de Reposición interpuesto.
Añaden que existe en el Ayuntamiento, una bolsa de monitores polideportivos, en vigor desde 2019, por lo que dicen no entender por qué no se contrata a trabajadores de esta bolsa, en lugar de otorgar el servicio a una empresa privada ya que apuntan que esto vulnera los derechos de los integrantes de esta bolsa, que en su día tuvieron que superar un proceso selectivo, con la falta de credibilidad que conlleva que no se tenga en cuenta ahora esta bolsa de trabajadores.
Además, Rubén Nieves incide en que el pasado mes de febrero se anunciaba la convocatoria para contratar a un nuevo monitor polideportivo, un proceso que aun está en curso y que dará lugar a la constitución de otra bolsa de trabajo, señalando que los opositores inmersos en este procedimiento ven como el Gobierno procede a contratar una empresa para el servicio.
[useful_banner_manager banners=37 count=1]
El coportavoz, apunta que en la votación sobre este expediente en Junta de Gobierno, SPV fue el único Grupo que votó en contra con el añadido de que existe un informe de secretaria que dice claramente que tiene que existir un régimen jurídico del servicio antes de aprobar el expediente, que Rubén Nieves, dice que no existe por lo que señala que este proceso sería “nulo de pleno derecho”.
Sin contar tampoco con el informe de intervención en el que se plasme qué forma de ofrecer el servicio es más rentable para el Ayuntamiento, si de forma pública o privada. En este punto Nieves expone que el servicio privatizado conlleva además de la contratación de los trabajadores, el margen de beneficio para la empresa adjudicataria y el porcentaje de IVA con lo que afirma que la privatización supondría un 32% de sobre coste para las arcas municipales.
Incide en que sería aun más grave si este sobre coste no se repercute al Ayuntamiento, en detrimento de los sueldos y nóminas de los trabajadores contratados.
Con todo ello, piden desde SPV que se suspenda el procedimiento de contratación y que se recurra a los recursos municipales que existen con candidatos incluidos en las bolsas de trabajo para el desempeño de este servicio.
