El Consejo de Gobierno ha aprobado un informe sobre el Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas conclusiones sustentan la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de solicitar al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia Sectorial para abordar la deuda que acumula el Estado en la financiación en esta materia.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, afirmando que la intención del Ejecutivo regional es que la Administración General del Estado plantee compromisos y soluciones eficaces en relación a la deuda con las comunidades autónomas.
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García Torijano ha explicado que es una reivindicación que “compete a todas las regiones” y Castilla-La Mancha considera importante que, “antes de tomar nuevos acuerdos en materia de dependencia como así se está planteando por parte del Ministerio, primero se resuelva la deuda pendiente y se haga un estudio económico” con el fin de determinar los costes de los nuevos criterios que se quieren introducir en materia de acreditación de calidad de centros y servicios.
Una deuda generada por el anterior Gobierno y acumulada desde 2012
García Torijano apunta que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social, realiza todas las políticas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia, cuya protección social genera unos costes muy elevados.
Para hacer frente a este gasto público que se genera, la Ley de Dependencia diseña un sistema de financiación que parte de la corresponsabilidad y colaboración entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado y que establece tres niveles de protección.
En este sentido, la consejera ha detallado cuál fue el punto de inflexión del Gobierno central para empezar a generar esta deuda que hoy supera “los 800 millones de euros con esta región”.
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Explica que las cuantías recibidas por Castilla-La Mancha en concepto de Nivel de Protección Acordado pasaron de 16,8 millones de euros en 2011 a cero a partir de 2012”, con el añadido de que “el Partido Popular, cuando llegó al Gobierno, eliminó por completo el Nivel Acordado que se destinaba a las políticas de Atención a la Dependencia y redujo el Nivel Mínimo, lo cual supuso una deuda importante que, poco a poco, han ido asumiendo las comunidades autónomas, financiando cada vez más con fondos propios para poder hacer frente a estas políticas”.
El pasado año se firmó un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, que suponía fijar un importe total del nivel acordado para Castilla-La Mancha superior a 32 millones de euros y que se financiaron al 50 por ciento entre las dos administraciones.
Sin embargo, la consejera afirma que “no es suficiente para equilibrar la financiación corresponsable que reclama el Ejecutivo regional” ya que “Castilla-La Mancha aporta actualmente un 79 por ciento en comparación con el 21 por ciento de financiación que aporta el Estado”.
