Las Cortes regionales han aprobado hoy la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
De esta forma, se ha dado luz verde a un presupuesto que asciende a 12.273,5 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento respecto a las cuentas de este año y 171,1 millones más.
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El consejero de Economía, Juan Alfonso Ruiz Molina ha incidido en que es un presupuesto que “parte del diálogo social”y ha explicado que financia las más de 700 medidas recogidas en el último Pacto por la reactivación económica y el empleo, firmado con los empresarios y con los agentes sociales, y que va a permitir hacer frente a los principales retos de Castilla-La Mancha, como son la modernización del sector productivo, el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y el agua, la sociedad del bienestar y la lucha contra la despoblación.
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Más de 6.758 millones para el Estado del Bienestar
Dentro de los presupuestos de Castilla-La Mancha se pueden diferencias dos grandes bloques de políticas: las relacionadas con el Estado del Bienestar y las encaminadas al crecimiento económico y el empleo.
Respecto al gasto social, se destinarán 6.758 millones de euros a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Desde que gobierna García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado del Bienestar se ha incrementado en más de un 50 por ciento y la mitad de ese incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria.
Las actuaciones de carácter económico contarán con 1.863 millones
Por su parte, las actuaciones de carácter económico superarán los 1.863 millones de euros, lo que supone una variación del 6,1 por ciento respecto a 2021, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.
Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, la apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+i, el refuerzo de las políticas de empleo y las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental.
