Mejorar y optimizar la gestión del agua, el servicio a la población y el medio ambiente. Estos son los tres objetivos principales del proyecto de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha que esta mañana ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que ahora se remite, como había comprometido el Ejecutivo, a las Cortes regionales para su aprobación en el primer trimestre de 2022.
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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, incidiendo en la importancia de que esta normativa cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes regionales.
Una Ley, según Martínez Arroyo, que emana del acuerdo de la Mesa regional del Agua y del documento de posición común en esta materia, suscrito con medio centenar de entidades de la sociedad civil y los partidos políticos.
Esta normativa sustituirá a la de 2002, adaptándose a las exigencias medioambientales estatales y europeas y situando “el agua como elemento para el desarrollo”.
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En este sentido, Martínez Arroyo ha destacado la existencia de un Plan de Depuración de Aguas, que, con una inversión de más de 600 millones euros en 629 actuaciones, hará posible que en 2032 todas las aguas residuales de la Comunidad Autónoma se depuren.
En estos momentos, se está trabajando en 18 obras -bien en licitación, en curso o ya finalizadas- con una inversión de más de 65 millones de euros, de los cuales 16 lo son de los fondos de reconstrucción, transformación y resiliencia y el resto propios. Obras de las que se beneficiarán más de 140.000 habitantes.
