El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado la Estrategia Regional frente a la Despoblación, con el objetivo de que ésta sirva para fijar población en el medio rural de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, tras presentar el primer borrador de la misma a los firmantes del Pacto contra la Despoblación.
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El borrador inicial de la Estrategia contempla un total de 196 actuaciones concretas diseñadas específicamente para potenciar estas zonas afectadas por la despoblación y fomentar la inversión en ellas, tal y como ha apuntado el vicepresidente, que ha avanzado que el próximo viernes, 9 de julio, el Gobierno regional abrirá un proceso de participación con el objetivo de que el documento final sea lo más consensuado posible.
En este sentido, Martínez Guijarro ha detallado algunas de las medidas concretas que se han incorporado a esos cuatro ejes estratégicos y que pasan por garantizar el acceso a los servicios públicos. En este punto ha destacado la apuesta por la telemedicina a lo que ha añadido que, en materia educativa, el texto presentado también incluye el “reto importante de la incorporación de la educación de 0-3 años con algún modelo específicamente diseñado para estas zonas.
El ámbito económico, donde se concentran más de 90 actuaciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha hace “una apuesta clara por la Bioeconomía” y un programa de captación de talento para que aquellas personas que tengan formación y capacitación puedan desarrollar su trabajo en estas zonas.
Además, el vicepresidente ha aludido al acceso a la vivienda, en este caso con la creación de “una bolsa de vivienda donde se ponga en contacto la oferta con la demanda” así como la apuesta por la rehabilitación de inmuebles en estos municipios a lo que se le suman las desgravaciones fiscales que contempla la Ley para la construcción, compra y rehabilitación de primera vivienda.
Estas 196 medidas que componen la Estrategia Regional Frente a la Despoblación tendrán un ámbito temporal de 10 años de duración con dos periodos de revisión cada cuatro años.
