El Consejo de Gobierno ha autorizado a los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a impugnar la orden por la que se autorizó, el pasado mes de febrero, un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo-Segura.
Así lo ha dado a conocer hoy la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, resaltando que con éste “son ya 36 los recursos interpuestos por la administración autonómica contra estos trasvases que son exclusivamente para regadío”.
La consejera ha hecho énfasis en esta cuestión porque ha habido tres trasvases que se produjeron en el mes de noviembre de 2018 y en noviembre y diciembre del 2019 que señala que fueron única y exclusivamente para abastecimiento humano que no fueron recurridos porque afirma que Castilla-la Mancha es una tierra solidaria, justa y razonable y se entiende que es razonable que se derive agua cuando hace falta para beber.
Al respecto, Blanca Fernández ha añadido que el recurso está muy bien fundado porque “consideran que hubo poca transparencia en los datos que sirven de base a la toma de decisiones” para llevar a cabo esta derivación, en clara alusión a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
De este modo, incide en que desde el Gobierno del presidente García-Page continúan firmes en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.
La portavoz regional también ha calificado de “arbitraria” la decisión de este trasvase “por su imprecisión, ya que se afirma que la cuenca del Segura está en situación de prealerta por escasez coyuntural, cuando en realidad lo que ocurre es que está en clara situación de normalidad.
Blanca Fernández ha explicado que las necesidades de la cabecera del Tajo las cifra el Gobierno en 800 hectómetros cúbicos “para cubrir las necesidades y los usos de esta Cuenca al mismo tiempo que se podría mantener el caudal ecológico necesario para la salud del río Tajo y para su biodiversidad”.
