La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado en rueda de prensa que, a día de hoy, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha abonado el 66% de las ayudas dirigidas a autónomos y micropymes de la región, en algo más de meses desde su publicación y dos meses desde el cierre de solicitudes.
La consejera explica que este porcentaje que se verá incrementado con el abono de 10.487 expedientes adicionales, que se suman a los 29.288 abonados hasta la fecha, con un importe de 52,5 millones de euros.
Lo que supondrá que cerrar el mes de agosto con 40.000 expedientes abonados por importe de más de 71 millones de euros.
Se trata de una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno regional tras la entrada en vigor del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, y que se encuentra recogida en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, frente al COVID-19, firmado por el presidente Emiliano García-Page y los agentes sociales.
Una iniciativa que pretende, mediante una prestación económica única, compensar las pérdidas económicas ocasionadas entre las actividades económicas de autónomos y micropymes de la región como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo determinante la agilidad para la supervivencia de muchos negocios.
Las ayudas a fondo perdido comprendidas entre los 1.500 y 3.000 euros, según las características del negocio y el tipo de solicitud, contaban con una dotación inicial de 25 millones de euros que, tal y como anunció el presidente Emiliano García- Page, fue incrementada hasta los 80 millones de euros con el objetivo de prestar ayuda a todos los autónomos y micropymes de la región que habían presentado su solicitud.
Estado de los ERTEs en Castilla-La Mancha
En rueda de prensa, la consejera también ha informado de la situación de los ERTEs en la región, de los que, al inicio de la crisis, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llegó a tramitar más de 22.000 expedientes que afectaban a más de 107.000 personas trabajadoras. “De los datos a fecha de 31 de julio ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Social se desprende que hay vivos aún 8.617 expedientes por fuerza mayor, que afectan a 22.364 trabajadores en nuestra la comunidad autónoma”.
Esto supondría que en la actualidad ocho de cada diez trabajadores habrían retornado a sus puestos de trabajo y que seis de cada diez expedientes estarían totalmente extinguidos en la actualidad.
