El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una orden de medidas excepcionales en el ámbito tributario para flexibilizar las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de naturaleza pública con la Administración regional, de las que se podrán beneficiar unos 4.500 contribuyentes, por un importe estimado de 10,5 millones de euros, lo que supondrá una nueva inyección de liquidez para la economía de la región.
Datos que han sido aportados hoy por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que señala que el objetivo de esta orden es contribuir a aliviar la complicada situación que la crisis sanitaria del coronavirus está suponiendo en los operadores económicos de la región, al permitirles mitigar los problemas de liquidez que pudieran estar teniendo, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.
Entrando en los detalles de esta normativa, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que la orden establece tres medidas en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública con la Administración regional.
En primer lugar, se establece que no se exigirá aval a los contribuyentes que tengan una deuda de hasta 30.000, de recursos económicos propios de la Administración regional cuando soliciten aplazar o fraccionar su pago, hasta ahora esta cantidad estaba en los 6.000 euros.
En segundo término, la orden recoge la posibilidad de conceder fraccionamientos de manera automática, sin ningún trámite, cuando el importe de las deudas que se pretenden fraccionar sea inferior a 10.000 euros cuando antes era de 3.000 euros.
Finalmente, la nueva orden de la Consejería establece que se concederá una carencia de hasta seis meses en el pago de las cuotas derivadas de aplazamientos y fraccionamientos de deudas sin necesidad de justificación. Esta medida se podrá aplicar tanto a los aplazamientos y fraccionamientos que se soliciten ahora como a los que ya están concedidos.
Sobre la vigencia de esta orden, Ruiz Molina ha indicado que se fija hasta el 31 de diciembre de este año, aunque se recoge la posibilidad de prorrogarla un año más.
