SPV ha registrado Recurso de Reposición contra lo que afirman que es la “privatización” de la campa de camiones de Villarrobledo, unas instalaciones que señalan que han costado 450.000 euros de dinero público a todos los ciudadanos y ciudadanas de la localidad.
Recuerda que el pasado 22 de enero se aprobaba en Junta de Gobierno ésta “privatización” criticando que la documentación pertinente sobre este asunto fuera entregada a los grupos con tan solo 24 horas de antelación para su estudio, advirtiendo que también el Partido Socialista votó a favor de externalizar este servicio, con el único voto en contra de SPV.
Apunta el concejal Rubén Nieves, que ya en ese momento advirtieron que dicho contrato no estaba acompañado de informe técnico de intervención donde se reflejase que la gestión privada de la campa de camiones sería más sostenible y eficiente que la pública. Un informe que el Concejal afirma que es obligatorio en los casos de externalización de servicios públicos como insiste que es este caso.
En estos días explica que han recabado información y que han detectado otros fallos legales en el contrato de privatización que les han llevado a interponer este recurso con el fin de que el proceso pueda ser paralizado.
Entre estos fallos legales incide en que por el mismo motivo que anteriormente y tratarse de una privatización de servicio público, el contrato no puede aprobarse en Junta de Gobierno sino que el órgano competente para ello es el pleno, señalando que tampoco fue pasado por Comisión Informativa antes de votarse en Junta de Gobierno.
Además han advertido que no existen precios fijados para utilizar este servicio ni en el contrato ni regulados por Ordenanza Municipal, lo que provocará que éstos sean fijados por la propia empresa sin poder beneficiarse los usuarios autónomos de ventajas en los precios ante las grandes empresas.
También señalan que aunque se da a la empresa la posibilidad de hacer obras dentro de las instalaciones como una gasolinera, restaurante o cafetería, no existe ningún proyecto al respecto, por lo que según Rubén Nieves, si después estas obras no pudieran realizarse, el Ayuntamiento debería indemnizar a la empresa.
Otro de los aspectos observados es la duración del contrato que se adjudica por 35 años, cuando según el concejal, los contratos de servicios públicos tienen un máximo estipulado por ley de 5 años, máxime cuando no se exige ninguna inversión a la empresa que deba recuperar.
Todo ello afirman desde SPV que es un “atropello” al considerar que se está regalando dinero y patrimonio público a intereses privados, algo que afirman que no van a consentir al Gobierno Municipal apoyados en este caso por el Partido Socialista, por lo que señalan que seguirán luchando hasta el final para detener la privatización de este servicio público.
