El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades a adoptar las medidas administrativas y, en su caso, las acciones judiciales que proceda para reclamar al Estado los 135 millones de euros que adeuda a la región en la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017 y que son consecuencia de la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), impuesta por el ex ministro Montoro.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de este acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, que supone cumplir con el compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, “en defensa de los intereses de esta región y de sus ciudadanos”.
Ruiz Molina ha explicado que la actuación que plantea el Gobierno regional para reclamar las cantidades adeudadas tiene “sólidos argumentos jurídicos”.
En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que, en primer lugar, se atenta contra el principio de autonomía financiera, que se reconoce tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con este principio, ha continuado Ruiz Molina, “los recursos financieros con que cuentan las comunidades autónomas no pueden estar al albur de las decisiones que se adopten de forma unilateral por la Administración del Estado.
En segundo lugar, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mencionado el principio de lealtad institucional, por el que, deben estar basadas las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia financiera.
El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que este principio no se contempló cuando se acometió la modificación de la regulación del IVA por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que no se contó con las comunidades autónomas, a las que este cambio afectaba directamente; no se valoró el efecto que tendría sobre las finanzas de las regiones y tampoco se establecieron los mecanismos de compensación correspondientes.
No obstante, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha insistido en que, con independencia de que se haya dado autorización al gabinete jurídico para emprender este tipo de acciones, considera que esta cuestión “se va a resolver mediante el diálogo, que es como se suelen resolver las controversias en materia financiera entre el Estado y las comunidades autónomas”.