El Ejecutivo de Castilla-La Mancha insiste en la necesidad de abordar cambios en la financiación y la fiscalidad para garantizar los servicios que prestan los pequeños municipios de las zonas rurales y que, hoy por hoy, tienen “dificultades financieras” ya que toda la organización de esos servicios conlleva un “sobrecoste importante” para los ayuntamientos, más allá de las dificultades técnicas por la escasa capacidad de la que disponen.
Así lo ha señalado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras el encuentro mantenido hoy con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, Tita García Élez.
La necesidad de los cambios en la financiación y la fiscalidad será uno de los ejes que se abordarán en la creación de la Estrategia contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que incorporará, en la misma línea que se han aprobado en la Estrategia a nivel nacional, cuestiones como la generación de actividad económica y empleo, o las infraestructuras referidas al acceso a las nuevas tecnologías.
Una vez rubricado el Pacto, se pondrán en marcha grupos de trabajo para establecer qué medidas deben desarrollarse para frenar la pérdida demográfica, y que puedan articularse además en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en Castilla-La Mancha, que ya ha iniciado su fase de consultas previas, y que, tal y como ha apuntado, se espera que pueda estar aprobada para el año 2021.