La diputada regional de Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha lamentado que el PSOE de Emiliano García-Page haya aprobado este jueves la enmienda “de la vergüenza” que recupera los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta de Comunidades.
Así lo ha señalado Guarinos, durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha asegurado que la Comunidad Autónoma diferenciará entre funcionarios de primera y de segunda categoría, unos con privilegios y otros que no lo son “porque no son afines a la causa socialista”.
La diputada del PP ha añadido que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, así como el PSOE-CLM, han tratado de ocultar el mayor tiempo posible esta medida para que los sindicatos, la opinión pública y el resto de grupos parlamentarios “tuvieran el menor tiempo de respuesta posible”.
Guarinos ha aseverado que cada vez coincide más con aquellos que piensan que al PSOE “se le están cayendo las letras de sus siglas”, ya que afirma que “cada vez tienen menos de socialistas, de obreros y cada vez creen menos en España”.
Así, ha recordado que durante el Gobierno del Partido Popular en el año 2012 se suprimió el Complemento de Alto Cargo con carácter definitivo, algo que intentó recuperar en 2017 el Gobierno PSOE-Podemos. El movimiento sindical, a través de la campaña ‘Nespage’, impidió que esta “cacicada saliera adelante”.
La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha ha criticado el oscurantismo, la falta de transparencia y la falta de respeto a todos los empleados públicos de la región con este “premio” a los funcionarios “afines a la causa socialista”, sin dictamen del Consejo Consultivo sobre la legalidad o ilegalidad de esta medida y sin sentarse a negociar con los representantes de los empleados públicos en la Mesa de la Función Pública.
Por ello, Ana Guarinos, ha preguntado durante su intervención a cuantos empleados públicos afectará esta medida, algo que el Ejecutivo castellano-manchego “oculta” o cual será el coste que tendrá para los ciudadanos –que los sindicatos calculan que ascenderá a 5,5 millones de euros–, ya que se aplicará con carácter retroactivo –desde el año 2007–.