Uncategorized

El Partido Socialista en contra de la subida del precio por la hora del Servicio de Ayuda a Domicilio propuesta por el Gobierno.

La concejala Rosario Herrera, explica el voto en contra del grupo Municipal Socialista en la reciente Comisión de Bienestar Social, a la propuesta del Equipo de Gobierno de “subir los precios por las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio” a través de la modificación de la ordenanza municipal que regula dichas tasas.

Señala que desde su Grupo Municipal “nunca se estará de acuerdo” en incrementar los precios de este servicio que afirma que repercute directamente en los usuarios que son personas dependientes y en su mayoría personas mayores y pensionistas por lo que añade que la propuesta del PP repercute directamente en este colectivo.

Herrera apunta que la subida propuesta por el Gobierno pretende incrementar en 2 euros el precio a partir de la hora número 14, con lo que incide en que se verán afectados aquellos usuarios que necesiten de 14 o más horas de servicio, que además coincide con las personas más necesitadas ya que su dependencia es mayor.

La concejal explica que durante la legislatura anterior, el partido socialista gestionó la necesidades de este servicio que considera imprescindible, negociando mayores subvenciones con la Junta de Comunidades lo que conllevó que desde 2015 donde la subvención era de 267.000 euros se pasase a los 369.000 euros en 2019 atendiendo en este periodo de tiempo a 35 usuarios más.

Dice que así entiende el Partido Socialista que se debe gestionar el servicio, buscando más recursos pero no subiendo los precios a los usuarios.

En todo caso, la concejala señala que dicha propuesta del Equipo de Gobierno, que será llevada a Pleno, finalmente saldrá adelante ya que apunta que “de nuevo el partido Ciudadanos votó a favor de una propuesta del PP” aunque esto signifique, según Herrera una subida “de impuestos a los ciudadanos”.

Por otro lado, el Partido Socialista explica que con lo que si están de acuerdo es con la medida propuesta de que se solicite a los usuarios la declaración de la renta o, en su defecto, certificado de ingresos para poder realizar un cálculo ajustado del precio que cada usuario debe pagar por hora de servicio, sin contemplar en ningún caso una subida del precio.