El presupuesto destinado a la estructura de la Presidencia de Castilla-La Mancha, contemplado en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2020 que ha comenzado ya su trámite parlamentario, supone un 0,18% del total de las cuentas que el Ejecutivo autonómico ha presentado a las Cortes regionales para su aprobación, llegando a los cerca de 19 millones de euros.
Las cifras las ha trasladado hoy el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la Comisión de Economía y Presupuestos, donde ha estado acompañado por la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, y donde ha señalado que el presupuesto de 2020 de la Presidencia, comparado con el de 2018, “supone un incremento del 2,8% que dista mucho del crecimiento de casi el 14% del presupuesto de toda la Comunidad Autónoma”. Se trata, tal y como ha dicho, de un presupuesto “austero”, pero “suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la Institución”.
El vicepresidente autonómico ha detallado las cuantías que se destinarán a la estructura de la Presidencia en la que se integra la Vicepresidencia, la Consejería de Igualdad y Portavoz, la Secretaría general de la Presidencia y el Gabinete de la Presidencia. Concretamente, la partida en la que se integra la Vicepresidencia, contará con más de 15,8 millones de euros para su quehacer diario en el que se incluyen, además, las Delegaciones de la Junta repartidas por toda la región.
Una Vicepresidencia que, tal y como ha recordado Martínez Guijarro, ha sufrido modificaciones en su estructura organizativa e incorpora por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma en esta legislatura la figura del Comisionado del Reto Demográfico, “al que corresponde la elaboración y el desarrollo de una estrategia frente al reto demográfico, el envejecimiento poblacional y el despoblamiento territorial”.
Una Estrategia de Inversión Territorial Integrada, que ha supuesto destinar ya más de 670 millones de euros en 85 convocatorias y que hasta el momento, supone haber concedido un trato especial a 5.000 empresas o entidades o personas físicas”, en zonas con riesgo de pérdida de población.
