El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la concertación social del Proyecto de Ley de Apoyo y Protección Garantizada, durante la fase de consulta previa e información pública, y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que sigan recogiendo en sus enmiendas, nuevas aportaciones realizadas por las entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Así lo ha transmitido el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos durante un encuentro mantenido con colectivos sociosanitarios de Albacete. Un proyecto de ley que ha dicho, va dirigida a personas con discapacidad cognitiva, psíquica, daño cerebral y del desarrollo, y beneficiará a cerca de 8.000 personas en la provincia Albacete.
La Consejería de Bienestar Social ha estimado que son beneficiarios 35.716 personas en la Comunidad Autónoma, un 25,36 % del total de las personas con estos tipos de discapacidad que hay en Castilla La Mancha.
Ruiz Santos ha trasladado que esta normativa, está dotada con 5 millones de euros para el presente ejercicio 2018, incorporando 400 casos de tratamiento directo, y una reserva de 85 plazas residenciales. También ha avanzado que en el desarrollo de esta futura Ley, que podría estar aprobada en los próximos tres meses, se contempla lógicamente la contratación de nuevos profesionales.
El representante del Gobierno regional ha explicado que se trata de un sistema para que estas personas puedan reflejar el recorrido vital que desean, es decir, sus planes personales de futuro, la creación de una Unidad de Mediadores, y una Oficina de Registro de carácter autonómico para cuando sus familiares directos no estén.
Además se garantiza el apoyo residencial priorizado, una vez que la persona con discapacidad presenten limitaciones para la toma de decisiones y no cuente con sus apoyos familiares.
